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Policiales

Contrabando de cigarrillos: cinco detenidos tras operativos en Mendoza, Neuquén y Buenos Aires

Una investigación federal contra una organización dedicada al contrabando de cigarrillos terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de mercadería y distintos elementos valuados en casi 330 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron en Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los investigadores detectaron domicilios utilizados para almacenar y distribuir productos de origen extranjero.

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En total, los efectivos incautaron 130.050 paquetes de cigarrillos brasileños y paraguayos, además de dinero en distintas monedas, vehículos y otros artículos. La principal hipótesis apunta a una banda que trasladaba la mercadería de manera ilegal hacia Chile mediante caminos alternativos para evitar los controles fronterizos.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza, dependiente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Las primeras actuaciones se habían desarrollado el mes pasado en Neuquén, donde se realizaron tres procedimientos y se encontraron 301 cajas de cigarrillos.

A partir de esos resultados, los investigadores profundizaron las tareas de seguimiento, el análisis de información y las intervenciones telefónicas. Estas medidas permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la organización, identificar a sus presuntos integrantes y establecer los mecanismos utilizados para transportar la mercadería.

Cómo operaba la organización para trasladar los cigarrillos a Chile

Uno de los principales datos que surgieron de la investigación fue la utilización de rutas alternativas para llevar los cigarrillos hacia Chile. Esta modalidad habría sido adoptada debido a la intransitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor, lo que obligó a los integrantes de la organización a buscar otros caminos para concretar los traslados.

Además, los investigadores detectaron un sistema de envíos postales entre Mendoza y Neuquén. Según se pudo establecer, los paquetes eran despachados desde la provincia cuyana hacia territorio neuquino y utilizaban el nombre del principal sospechoso como remitente.

Con las pruebas reunidas durante las primeras etapas de la pesquisa, la Justicia Federal autorizó seis allanamientos en domicilios de Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los inmuebles estaban bajo sospecha de ser utilizados para guardar la mercadería antes de su posterior distribución.

Secuestraron más de 130.000 paquetes y vehículos

Los operativos se extendieron durante dos días y permitieron decomisar un importante volumen de productos. El principal resultado fue el secuestro de 130.050 paquetes de cigarrillos de origen brasileño y paraguayo.

En los domicilios también se encontraron 2.160 unidades de pirotecnia, cinco vehículos, artículos de bazar y productos de cuidado personal. A esos elementos se sumaron dos antenas satelitales, tres equipos de comunicación VHF y Handy, 20 teléfonos celulares y 600 dólares estadounidenses.

De acuerdo con la estimación oficial, el valor total de los elementos incautados asciende a $329.710.000.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas quedaron detenidas por su presunta participación en maniobras que infringen el Código Aduanero, establecido por la Ley 22.415.

En el desarrollo de la investigación también participó personal de la Dirección Regional Aduanera de Cuyo, organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Centenario: intentó incendiar el auto de su expareja, pero terminó prendiendo fuego el de una empleada escolar

Un episodio de violencia y un incendio intencional generaron preocupación frente a una escuela de Centenario, en Neuquén. Un hombre denunció que su expareja habría intentado quemar su vehículo, pero por una presunta confusión el fuego terminó afectando el automóvil de una empleada del establecimiento, que no tenía relación con el conflicto.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13:45 frente a la Escuela 229, ubicada en la intersección de las calles Canadá y 9 de Julio. En ese momento, el denunciante se encontraba dentro de la institución para participar de un acto escolar, cuando se habría encontrado con familiares de su expareja.

Según la presentación policial, la situación derivó en un forcejeo dentro del establecimiento. La mujer, que está embarazada, habría participado de la agresión y posteriormente se habría retirado del lugar en una motocicleta.

El incendio frente a la escuela

Mientras se desarrollaba el conflicto, un Ford Ka gris estacionado en el exterior comenzó a incendiarse. Las llamas afectaron principalmente la parte delantera del vehículo y provocaron preocupación entre las familias y las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Personal policial que patrullaba la zona advirtió el fuego y solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Centenario. Los equipos de emergencia llegaron pocos minutos después y consiguieron controlar el incendio antes de que se extendiera a otros automóviles estacionados en la cuadra.

Posteriormente, se confirmó que el vehículo pertenecía a una empleada de la escuela, quien no tenía ningún vínculo con la disputa. La propietaria denunció que el incendio había sido provocado intencionalmente.

Denuncias cruzadas y una posible confusión

Al realizar su denuncia, el hombre manifestó que sospechaba de su expareja y de algunos familiares de ella. Además, señaló que su actual pareja tiene un automóvil de características similares al que resultó incendiado, por lo que considera que los responsables podrían haberse equivocado de vehículo.

Sin embargo, el caso también presenta otra versión. Personas cercanas a la expareja del denunciante sostuvieron en redes sociales que la mujer sería víctima de violencia de género, que cuenta con un botón antipánico y que existen denuncias anteriores contra el hombre, realizadas meses atrás.

A raíz de la situación intervino el Juzgado de Familia, que dispuso medidas cautelares y una restricción de acercamiento entre ambos.

En paralelo, la investigación penal quedó a cargo de la Fiscalía de Actuación Genérica. La Justicia aguarda los resultados de las pericias realizadas por la División Judicial de Bomberos para establecer cómo se inició el fuego y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los elementos secuestrados durante el procedimiento quedaron a disposición de los investigadores.

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Neuquén: imputaron a una concejal de San Patricio del Chañar por la adjudicación de un terreno fiscal

La Justicia de Neuquén abrió una investigación penal contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La acusación sostiene que la edil participó del tratamiento y la aprobación de una ordenanza que permitió adjudicarle a ella misma un terreno perteneciente al municipio.

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La formulación de cargos fue avalada por un juez de garantías, quien estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. La resolución se tomó luego de escuchar los argumentos del fiscal Juan Narvaez, el asistente letrado Facundo Bernat y la representación de la Fiscalía de Estado, que intervino como querellante.

De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, Barrera habría intervenido en distintas instancias de un expediente municipal que terminó con la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicado en Picada 9.

La investigación se centra en el rol que desempeñó la concejal durante el procedimiento administrativo y legislativo. Según la acusación, integró la comisión que analizó la iniciativa, defendió el proyecto durante la sesión del Concejo Deliberante y votó a favor de su aprobación, pese a ser la beneficiaria de la adjudicación.

Cómo se desarrolló el trámite para adjudicar el terreno

La secuencia comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera solicitó al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. A partir de ese pedido, planteó que se le vendiera el inmueble fiscal.

El expediente llegó posteriormente al Concejo Deliberante y el 24 de junio de 2025 obtuvo despacho favorable de la Comisión de Asuntos Institucionales. Para la Fiscalía, la propia concejal participó de esa instancia y el procedimiento avanzó sin contar previamente con un dictamen jurídico formal.

Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera tomó la palabra para fundamentar la propuesta y acompañó con su voto la iniciativa. Finalmente, la ordenanza fue aprobada por tres votos afirmativos y dos negativos.

La decisión quedó formalizada mediante la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble. El documento fue firmado por Marta Verónica González, viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante.

Entre los cuestionamientos planteados por la Fiscalía figura un posible incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal. Según la acusación, para aprobar la operación se necesitaba una mayoría especial de dos tercios del cuerpo legislativo, equivalente a cinco votos, además de un procedimiento de licitación pública o remate para la venta de inmuebles municipales.

Otro de los puntos señalados fue que el dictamen jurídico escrito se habría incorporado al expediente minutos después de finalizada la sesión en la que se aprobó la transferencia.

También habían pedido imputar a la viceintendenta

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó además que se formularan cargos contra Marta Verónica González, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La hipótesis acusatoria sostenía que la viceintendenta no habría aplicado los controles correspondientes durante el proceso legislativo que permitió la adjudicación del terreno.

Sin embargo, el juez Luciano Hermosilla rechazó ese planteo en esta instancia. Para fundamentar su decisión, consideró que todavía existían dudas respecto de la posible existencia de dolo en la conducta atribuida a González.

En el caso de Barrera, en cambio, se habilitó formalmente la investigación por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora. La figura está contemplada en los artículos 265 y 45 del Código Penal.

Con un plazo de cuatro meses, la Fiscalía deberá profundizar las medidas necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan en el procedimiento cuestionado.

El antecedente judicial de Gloria Ruiz y la condena por daño moral

En otro expediente judicial que tuvo repercusión en Neuquén, a mediados de septiembre la Justicia Civil condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar cinco millones de pesos más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini.

La sentencia hizo lugar parcialmente a una demanda por daño moral, vinculada con una denuncia penal presentada por Ruiz que posteriormente fue archivada. Además de la compensación económica, el fallo ordenó a la exfuncionaria retirar de sus redes sociales las publicaciones relacionadas con las acusaciones contra Severini. Para cumplir con esa disposición, se le otorgó un plazo de diez días, bajo advertencia de posibles sanciones económicas.

El reclamo fue impulsado por Severini, quien argumentó que las acusaciones y su difusión pública habían perjudicado su honor y reputación.

El conflicto se originó en diciembre de 2024, en medio de la crisis institucional que atravesaba la Legislatura neuquina. Luego de su suspensión preventiva, Ruiz presentó una denuncia ante los tribunales federales de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y representantes de distintas instituciones.

Entre las personas denunciadas se encontraba Severini. La presentación incluía acusaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa de Ruiz, encabezada por el abogado Carlos Broitman, sostenía que existía una maniobra destinada a desplazarla de la conducción de la Legislatura.

La causa pasó inicialmente por el Juzgado Federal de Sebastián Casanello, quien se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones a Neuquén. Posteriormente, la fiscal federal Mariana Querejeta consideró que el expediente no correspondía al fuero federal y derivó el caso a la Justicia provincial.

Finalmente, la Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate, dispuso el archivo de la investigación por falta de tipicidad, al entender que los hechos denunciados no configuraban una figura penal que justificara continuar con las actuaciones.

Al analizar la demanda civil, el magistrado consideró que la denuncia no describía hechos concretos que permitieran establecer una participación material de Severini en los delitos atribuidos. También advirtió que no existían elementos mínimos que respaldaran las acusaciones.

El fallo remarcó que el derecho a presentar una denuncia no habilita a realizar imputaciones sin una descripción precisa de las conductas ni pruebas que les den sustento. Por ese motivo, concluyó que la presentación había excedido los límites del ejercicio legítimo de ese derecho.

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Nueve allanamientos por narcomenudeo en Neuquén: secuestraron drogas, dólares y casi $2,7 millones

Los procedimientos se realizaron en Plottier y Zapala, donde incautaron más de un kilo de cannabis, cocaína, dinero en distintas monedas, vehículos y dispositivos electrónicos. Un hombre fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y continuará el proceso en libertad, bajo restricciones judiciales.

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Una investigación por presunta comercialización de drogas en las localidades neuquinas de Plottier y Zapala derivó en nueve allanamientos simultáneos, durante los cuales las fuerzas de seguridad secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, balanzas de precisión y una camioneta.

En el marco de la causa, la Justicia formuló cargos contra un hombre identificado como L.M.C., acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La pesquisa incluyó tareas de vigilancia, seguimiento y análisis de movimientos bancarios.

La audiencia estuvo encabezada por el fiscal jefe de Zapala, Matías Álvarez, y el asistente letrado Guillermo Rodríguez, quienes sostuvieron que las sustancias encontradas estaban destinadas a la venta y no al consumo personal.

Qué encontraron durante los procedimientos

De acuerdo con la acusación fiscal, en uno de los domicilios y en un vehículo relacionado con el principal imputado se encontraron 782,10 gramos de marihuana y 484,10 gramos de cocaína. También fueron secuestrados 21 plantines y 36 semillas de cannabis.

Los investigadores incorporaron al expediente distintos elementos que, según la hipótesis de la fiscalía, podrían estar vinculados con el fraccionamiento y la distribución de las sustancias.

Entre los objetos incautados había tres balanzas de precisión, una de ellas con restos de cocaína, recortes de nylon, una impresora portátil utilizada para imprimir etiquetas, teléfonos celulares, una computadora y cartuchos de armas de fuego.

El operativo también permitió secuestrar una camioneta Ford Ranger, 18 teléfonos celulares, seis balanzas, cuatro notebooks y municiones. Además, se detectaron estupefacientes dentro de una encomienda.

La investigación incluyó seguimientos y movimientos bancarios

La pesquisa se desarrolló entre el 24 de septiembre y el 13 de noviembre. Durante ese período, los investigadores realizaron tareas de observación y seguimiento sobre los movimientos registrados alrededor de la vivienda de L.M.C.

Según expuso la fiscalía, esas tareas permitieron identificar situaciones que consideraron compatibles con posibles intercambios de droga en el domicilio.

A las vigilancias se sumó el análisis de la actividad financiera del acusado. La investigación habría detectado numerosas transferencias de dinero recibidas en sus cuentas bancarias, pese a que no registraba un empleo formal ni una actividad comercial declarada que justificara esos ingresos.

En los allanamientos también se incautó dinero en efectivo: $2.695.200, 220 dólares y 56.000 pesos chilenos. Los fondos serán analizados junto con los movimientos financieros incorporados al expediente.

Seis personas alcanzadas por la causa

La investigación judicial alcanzó a seis personas. Además del principal acusado, otras cinco fueron notificadas de las actuaciones y permanecen en libertad mientras avanza el expediente.

Una de ellas ya cumplía prisión domiciliaria por una condena dictada en el fuero federal.

Durante la audiencia, la fiscalía también señaló que L.M.C. tiene una causa abierta en la Justicia Federal por el mismo delito. Ese antecedente fue presentado como fundamento para solicitar medidas de control mientras continúa la investigación provincial.

El imputado seguirá en libertad con restricciones

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos contra L.M.C. y convalidó la detención que ya se había concretado. Sin embargo, resolvió que el acusado continúe el proceso en libertad, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Entre las medidas dispuestas, deberá presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana a su domicilio y tendrá prohibido salir de la provincia durante los cuatro meses establecidos para la investigación.

Durante ese plazo, la fiscalía podrá avanzar con el análisis de las sustancias y los elementos secuestrados, realizar peritajes sobre los dispositivos electrónicos y profundizar el estudio de las comunicaciones y los movimientos financieros incorporados a la causa.

La investigación continuará bajo la órbita de la Justicia neuquina para determinar el alcance de las presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes.

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