Policiales
Centenario: intentó incendiar el auto de su expareja, pero terminó prendiendo fuego el de una empleada escolar
Un episodio de violencia y un incendio intencional generaron preocupación frente a una escuela de Centenario, en Neuquén. Un hombre denunció que su expareja habría intentado quemar su vehículo, pero por una presunta confusión el fuego terminó afectando el automóvil de una empleada del establecimiento, que no tenía relación con el conflicto.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:45 frente a la Escuela 229, ubicada en la intersección de las calles Canadá y 9 de Julio. En ese momento, el denunciante se encontraba dentro de la institución para participar de un acto escolar, cuando se habría encontrado con familiares de su expareja.
Según la presentación policial, la situación derivó en un forcejeo dentro del establecimiento. La mujer, que está embarazada, habría participado de la agresión y posteriormente se habría retirado del lugar en una motocicleta.
El incendio frente a la escuela
Mientras se desarrollaba el conflicto, un Ford Ka gris estacionado en el exterior comenzó a incendiarse. Las llamas afectaron principalmente la parte delantera del vehículo y provocaron preocupación entre las familias y las personas que se encontraban en las inmediaciones.
Personal policial que patrullaba la zona advirtió el fuego y solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Centenario. Los equipos de emergencia llegaron pocos minutos después y consiguieron controlar el incendio antes de que se extendiera a otros automóviles estacionados en la cuadra.
Posteriormente, se confirmó que el vehículo pertenecía a una empleada de la escuela, quien no tenía ningún vínculo con la disputa. La propietaria denunció que el incendio había sido provocado intencionalmente.
Denuncias cruzadas y una posible confusión
Al realizar su denuncia, el hombre manifestó que sospechaba de su expareja y de algunos familiares de ella. Además, señaló que su actual pareja tiene un automóvil de características similares al que resultó incendiado, por lo que considera que los responsables podrían haberse equivocado de vehículo.
Sin embargo, el caso también presenta otra versión. Personas cercanas a la expareja del denunciante sostuvieron en redes sociales que la mujer sería víctima de violencia de género, que cuenta con un botón antipánico y que existen denuncias anteriores contra el hombre, realizadas meses atrás.
A raíz de la situación intervino el Juzgado de Familia, que dispuso medidas cautelares y una restricción de acercamiento entre ambos.
En paralelo, la investigación penal quedó a cargo de la Fiscalía de Actuación Genérica. La Justicia aguarda los resultados de las pericias realizadas por la División Judicial de Bomberos para establecer cómo se inició el fuego y determinar las responsabilidades correspondientes.
Los elementos secuestrados durante el procedimiento quedaron a disposición de los investigadores.
Policiales
San Martín de los Andes: confirmaron la condena al odontólogo que abusó de una nena de 9 años
El Tribunal de Impugnación de Neuquén ratificó por unanimidad la condena contra un odontólogo de San Martín de los Andes por abuso sexual simple contra una paciente de 9 años. El caso salió a la luz después de que la niña relatara lo ocurrido durante una actividad escolar de Educación Sexual Integral (ESI).
La resolución confirmó la pena de un año de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para atender a menores de 18 años en todo el país. Los jueces Andrés Repetto, Estefanía Sauli y Nazareno Eulogio rechazaron los argumentos de la defensa y respaldaron la sentencia que había dictado el magistrado Maximiliano Bagnat.
El hecho ocurrió en 2024, cuando la menor acudió a una consulta odontológica e ingresó sola al consultorio, mientras su madre permanecía en la sala de espera. Según se acreditó durante el juicio, en esas circunstancias el profesional realizó actos de contenido sexual sobre el cuerpo de la niña.
Por qué la Justicia confirmó la condena
Luego del fallo de primera instancia, la defensa del odontólogo presentó una impugnación y solicitó su absolución. Entre sus argumentos, sostuvo que las pruebas reunidas no alcanzaban para demostrar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
Los abogados cuestionaron especialmente la credibilidad del relato de la víctima y la validez de las evaluaciones psicológicas incorporadas a la causa.
Sin embargo, el Tribunal de Impugnación consideró que el juez de juicio había realizado una valoración integral de los elementos probatorios. En particular, destacó la consistencia del testimonio de la niña y la coincidencia entre su relato y otros indicadores reunidos durante la investigación.
El juez Andrés Repetto señaló que la menor “identificó con precisión al autor y el ámbito en el que ocurrió el episodio”.
Además, explicó que en los delitos que suelen cometerse sin testigos directos es posible recurrir a elementos de corroboración indirecta. En ese sentido, sostuvo que no es necesario que otra persona haya presenciado el hecho para que existan pruebas suficientes que respalden la acusación.
Los magistrados también tuvieron en cuenta las declaraciones de familiares, docentes y una compañera de escuela. Los testimonios describieron cambios en el comportamiento de la niña después de la consulta, episodios de angustia y una marcada resistencia a regresar al dentista.
La clase de ESI que permitió revelar el abuso
Uno de los aspectos centrales del fallo fue el papel que tuvo la escuela en la detección del caso. La primera vez que la niña pudo contar lo sucedido fue durante una jornada de Educación Sexual Integral, cuando compartió lo ocurrido con una compañera de grado.
La situación llegó rápidamente a conocimiento de los docentes y las autoridades escolares, que intervinieron junto con la familia para activar los mecanismos correspondientes.
Para los jueces, ese espacio educativo fue fundamental porque permitió que la menor pudiera expresarse en un entorno de confianza. También valoraron los registros escolares que daban cuenta de su angustia, la disminución en su rendimiento y el temor que manifestaba ante la posibilidad de volver al consultorio odontológico.
Por último, el tribunal analizó las evaluaciones psicológicas realizadas durante el proceso. Si bien aclaró que estos informes no constituyen por sí solos una prueba directa del abuso, consideró que aportaron información relevante sobre el estado emocional de la víctima y la continuidad de su relato.
Con el rechazo de la impugnación, quedó ratificada por unanimidad la condena al profesional y la prohibición permanente de atender a pacientes menores de edad en cualquier punto del país.
Policiales
Contrabando de cigarrillos: cinco detenidos tras operativos en Mendoza, Neuquén y Buenos Aires
Una investigación federal contra una organización dedicada al contrabando de cigarrillos terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de mercadería y distintos elementos valuados en casi 330 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron en Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los investigadores detectaron domicilios utilizados para almacenar y distribuir productos de origen extranjero.
En total, los efectivos incautaron 130.050 paquetes de cigarrillos brasileños y paraguayos, además de dinero en distintas monedas, vehículos y otros artículos. La principal hipótesis apunta a una banda que trasladaba la mercadería de manera ilegal hacia Chile mediante caminos alternativos para evitar los controles fronterizos.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza, dependiente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Las primeras actuaciones se habían desarrollado el mes pasado en Neuquén, donde se realizaron tres procedimientos y se encontraron 301 cajas de cigarrillos.
A partir de esos resultados, los investigadores profundizaron las tareas de seguimiento, el análisis de información y las intervenciones telefónicas. Estas medidas permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la organización, identificar a sus presuntos integrantes y establecer los mecanismos utilizados para transportar la mercadería.
Cómo operaba la organización para trasladar los cigarrillos a Chile
Uno de los principales datos que surgieron de la investigación fue la utilización de rutas alternativas para llevar los cigarrillos hacia Chile. Esta modalidad habría sido adoptada debido a la intransitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor, lo que obligó a los integrantes de la organización a buscar otros caminos para concretar los traslados.
Además, los investigadores detectaron un sistema de envíos postales entre Mendoza y Neuquén. Según se pudo establecer, los paquetes eran despachados desde la provincia cuyana hacia territorio neuquino y utilizaban el nombre del principal sospechoso como remitente.
Con las pruebas reunidas durante las primeras etapas de la pesquisa, la Justicia Federal autorizó seis allanamientos en domicilios de Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los inmuebles estaban bajo sospecha de ser utilizados para guardar la mercadería antes de su posterior distribución.
Secuestraron más de 130.000 paquetes y vehículos
Los operativos se extendieron durante dos días y permitieron decomisar un importante volumen de productos. El principal resultado fue el secuestro de 130.050 paquetes de cigarrillos de origen brasileño y paraguayo.
En los domicilios también se encontraron 2.160 unidades de pirotecnia, cinco vehículos, artículos de bazar y productos de cuidado personal. A esos elementos se sumaron dos antenas satelitales, tres equipos de comunicación VHF y Handy, 20 teléfonos celulares y 600 dólares estadounidenses.
De acuerdo con la estimación oficial, el valor total de los elementos incautados asciende a $329.710.000.
Como resultado de los procedimientos, cinco personas quedaron detenidas por su presunta participación en maniobras que infringen el Código Aduanero, establecido por la Ley 22.415.
En el desarrollo de la investigación también participó personal de la Dirección Regional Aduanera de Cuyo, organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Policiales
Neuquén: imputaron a una concejal de San Patricio del Chañar por la adjudicación de un terreno fiscal
La Justicia de Neuquén abrió una investigación penal contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La acusación sostiene que la edil participó del tratamiento y la aprobación de una ordenanza que permitió adjudicarle a ella misma un terreno perteneciente al municipio.
La formulación de cargos fue avalada por un juez de garantías, quien estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. La resolución se tomó luego de escuchar los argumentos del fiscal Juan Narvaez, el asistente letrado Facundo Bernat y la representación de la Fiscalía de Estado, que intervino como querellante.
De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, Barrera habría intervenido en distintas instancias de un expediente municipal que terminó con la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicado en Picada 9.
La investigación se centra en el rol que desempeñó la concejal durante el procedimiento administrativo y legislativo. Según la acusación, integró la comisión que analizó la iniciativa, defendió el proyecto durante la sesión del Concejo Deliberante y votó a favor de su aprobación, pese a ser la beneficiaria de la adjudicación.
Cómo se desarrolló el trámite para adjudicar el terreno
La secuencia comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera solicitó al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. A partir de ese pedido, planteó que se le vendiera el inmueble fiscal.
El expediente llegó posteriormente al Concejo Deliberante y el 24 de junio de 2025 obtuvo despacho favorable de la Comisión de Asuntos Institucionales. Para la Fiscalía, la propia concejal participó de esa instancia y el procedimiento avanzó sin contar previamente con un dictamen jurídico formal.
Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera tomó la palabra para fundamentar la propuesta y acompañó con su voto la iniciativa. Finalmente, la ordenanza fue aprobada por tres votos afirmativos y dos negativos.
La decisión quedó formalizada mediante la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble. El documento fue firmado por Marta Verónica González, viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante.
Entre los cuestionamientos planteados por la Fiscalía figura un posible incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal. Según la acusación, para aprobar la operación se necesitaba una mayoría especial de dos tercios del cuerpo legislativo, equivalente a cinco votos, además de un procedimiento de licitación pública o remate para la venta de inmuebles municipales.
Otro de los puntos señalados fue que el dictamen jurídico escrito se habría incorporado al expediente minutos después de finalizada la sesión en la que se aprobó la transferencia.
También habían pedido imputar a la viceintendenta
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó además que se formularan cargos contra Marta Verónica González, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La hipótesis acusatoria sostenía que la viceintendenta no habría aplicado los controles correspondientes durante el proceso legislativo que permitió la adjudicación del terreno.
Sin embargo, el juez Luciano Hermosilla rechazó ese planteo en esta instancia. Para fundamentar su decisión, consideró que todavía existían dudas respecto de la posible existencia de dolo en la conducta atribuida a González.
En el caso de Barrera, en cambio, se habilitó formalmente la investigación por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora. La figura está contemplada en los artículos 265 y 45 del Código Penal.
Con un plazo de cuatro meses, la Fiscalía deberá profundizar las medidas necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan en el procedimiento cuestionado.
El antecedente judicial de Gloria Ruiz y la condena por daño moral
En otro expediente judicial que tuvo repercusión en Neuquén, a mediados de septiembre la Justicia Civil condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar cinco millones de pesos más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini.
La sentencia hizo lugar parcialmente a una demanda por daño moral, vinculada con una denuncia penal presentada por Ruiz que posteriormente fue archivada. Además de la compensación económica, el fallo ordenó a la exfuncionaria retirar de sus redes sociales las publicaciones relacionadas con las acusaciones contra Severini. Para cumplir con esa disposición, se le otorgó un plazo de diez días, bajo advertencia de posibles sanciones económicas.
El reclamo fue impulsado por Severini, quien argumentó que las acusaciones y su difusión pública habían perjudicado su honor y reputación.
El conflicto se originó en diciembre de 2024, en medio de la crisis institucional que atravesaba la Legislatura neuquina. Luego de su suspensión preventiva, Ruiz presentó una denuncia ante los tribunales federales de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y representantes de distintas instituciones.
Entre las personas denunciadas se encontraba Severini. La presentación incluía acusaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa de Ruiz, encabezada por el abogado Carlos Broitman, sostenía que existía una maniobra destinada a desplazarla de la conducción de la Legislatura.
La causa pasó inicialmente por el Juzgado Federal de Sebastián Casanello, quien se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones a Neuquén. Posteriormente, la fiscal federal Mariana Querejeta consideró que el expediente no correspondía al fuero federal y derivó el caso a la Justicia provincial.
Finalmente, la Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate, dispuso el archivo de la investigación por falta de tipicidad, al entender que los hechos denunciados no configuraban una figura penal que justificara continuar con las actuaciones.
Al analizar la demanda civil, el magistrado consideró que la denuncia no describía hechos concretos que permitieran establecer una participación material de Severini en los delitos atribuidos. También advirtió que no existían elementos mínimos que respaldaran las acusaciones.
El fallo remarcó que el derecho a presentar una denuncia no habilita a realizar imputaciones sin una descripción precisa de las conductas ni pruebas que les den sustento. Por ese motivo, concluyó que la presentación había excedido los límites del ejercicio legítimo de ese derecho.
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