
Comienza una nueva etapa de Precios Cuidados
El nuevo acuerdo tendrá vigencia por un año y contempla revisiones trimestrales y aumentos mensuales que en el primer trimestre tendrán un ritmo del 2% cada 30 días.
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La Secretaría de Comercio Interior firmará este lunes con empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo los acuerdos alcanzados para una nueva etapa del programa Precios Cuidados, con unos 1.300 productos en la canasta y aumentos promedio de 2% mensual.
La nueva canasta reemplaza al congelamiento que concluyó el viernes y se acordó con las empresas en negociaciones que se llevaron adelante en el último mes.
El acuerdo está cerrado pero dada la cantidad de empresas y productos, el lunes se terminarán de firmar los acuerdos con las empresas participantes.
No obstante, los nuevos productos y precios acordados con la Secretaría de Comercio Interior podrían comenzar a encontrarse en las góndolas durante este fin de semana, aseguraron los voceros consultados por Télam.
Este nuevo acuerdo que tendrá vigencia por un año con revisiones trimestrales y aumentos mensuales, contempla para este primer trimestre un aumento promedio de 6%, es decir que se podrán actualizar valores a un ritmo de 2% mensual.
Desde la secretaría que conduce Roberto Feletti se destacó que esta nueva etapa de Precios Cuidados surge producto de un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado, que es la intención desde el primer momento al asumir la gestión en octubre pasado.
«Hay predisposición al diálogo y el Gobierno plantea que busca garantizar una canasta amplia, diversa, con precios accesibles y con bienes de calidad, siempre representativa del consumo promedio de los argentinos», se explicó.
En ese contexto es que las empresas pudieron sumar o sacar productos de los listados siempre que cumplieran la condición de calidad y representatividad del consumo, lo que permitió consolidar una canasta del doble de productos del Precios Cuidados de 2021.

En octubre el Gobierno -a través de la Secretaría- dispuso un congelamiento mediante una resolución, debido a que se habían registrado en las ultimas semanas de septiembre y primeras de octubre «aumentos desmedidos» en productos de consumo masivo.
«La intención desde entonces es dialogar para acordar -aseguraron- y desde el primer día se trabaja con todas las empresas y las cámaras para lograr consensos como los alcanzados esta semana».
Para dar continuidad a la política de precios, la Secretaría trabajó desde diciembre con las empresas proveedoras de los productos de consumo masivo para acordar una canasta regulada, con un piso de 1.300 productos vigentes por todo 2022, con revisiones trimestrales y correcciones mensuales.
En octubre, el Gobierno dispuso mediante la Resolución 1.050 el congelamiento de precios de 1.432 productos.
En diciembre -a través de la Resolución 1064/2021- se incorporaron productos navideños y se eliminaron otros que formaban parte de la oferta inicial, con lo que quedaron 1.332 productos, con vigencia hasta el 7 de enero de 2022.
Días atrás, en una entrevista con Télam, el secretario Roberto Feletti dijo que la evaluación del acuerdo congelamiento es «realmente positiva, tanto en el cumplimiento del abastecimiento que está en un 80% como en el cumplimiento de precios que está arriba de 90% en el área metropolitana».
El acuerdo alcanzará a supermercados y almacenes y se trabajará un precio diferencial por tamaño de comercio, luego de que surgieran en el congelamiento dificultades en los comercios de proximidad para garantizar el margen de rentabilidad.
El pasado martes se realizó una reunión en el Palacio de Hacienda de la que participaron Feletti, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con los representantes de la principales empresas productoras de alimentos y bienes de primera necesidad.
La convocatoria se dio en el marco del trabajo por «un esquema integral de políticas macroeconómicas», y con la premisa de «avanzar en los consensos para alcanzar un acuerdo de precios que coadyuva a atacar el problema de la inflación», informó la cartera que dirige Guzmán a través de un comunicado.
Participaron en representación del sector empresario Laura Barnator (Unilever); Gabriela Bardin (P&G); Gonzalo Fagioli (Quilmes); Abelardo Gudiño (Coca Cola); Adrián Kaufman Brea (Grupo Arcor); Maximiliano Lapidus (La Serenísima) y Agustín Llanos (Molinos Río de La Plata).
FUENTE: TELAM
Argentina
Caputo salió a transmitir calma en medio del derrumbe de los mercados

El ministro de Economía dijo que el Gobierno mantendrá el “orden fiscal y monetario”
En medio del derrumbe de los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad.
Con caídas generalizadas en los principales mercados de acciones de Asia y Europa, el Gobierno intenta la confianza de los inversores, al ratificar que no se apartará de los principales lineamientos hasta ahora eficaces para bajar la inflación y equilibrar la macroeconomía local.
A través de un mensaje en redes sociales, Caputo dijo: “Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1″.
Prometió que el Gobierno seguirá “combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos”.
La caída en las bolsas mundiales se produce como reacción a la suba de aranceles que pretende aplicar el presidente norteamericano, Donald Trump, que provocaría un fuerte impacto negativo sobre el comercio internacional.
Economía
Aumentan la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC


El ENARGAS aprobó el incremento transitorio que van a trasladar las subdistribuidoras a este segmento de clientes.
El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC en el comienzo de 2025, mediante la Resolución 933/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La actualización de los facturas cobradas por los Subdistribuidores a aquellos clientes Gran Usuario (GU) o Estación de GNC por el uso de sus instalaciones, es transitoria y fue fijada en $2,18 por metro cúbico por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
En la normativa, se explicó que al igual que en ajustes anteriores, para determinar la nueva suba “se tomó como referencia la evolución de la tarifa que es cobrada por las Distribuidoras a las Subdistribuidoras, el cual representa el costo del servicio determinado por este Organismo, para la adecuación de la tarifa referida”.
En este sentido, se recordó que el Ministerio de Economía para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024 y enero del año 2025, estableció un incremento de las tarifas de distribución y transporte de gas natural del 1%, 2,7%, 3,5%, 3% y 2,5%, respectivamente. Ante esto, el ENARGAS “emitió los correspondientes Cuadros Tarifarios y Cuadros de Tasas y Cargos que reflejaban lo allí instruido”.
La autoridad regulatoria precisó en el texto oficial que “la modificación que se aprueba mediante la presente Resolución es una medida transitoria, al igual los cuadros tarifarios vigentes para las Licenciatarias de Transporte y Distribución del Servicio Público de gas, aprobados en el marco de la emergencia declarada por el DNU Nº 55/23”.
Al respecto, recordó que mediante dicha norma, que fue prorrogada por el Decreto 1023/2024, “se declaró la emergencia en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.
Además, puntualizó que en el mismo se determinó el inicio de la revisión tarifaria y se estableció que hasta tanto no se culmine ese proceso, “podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
Argentina
El Gobierno disolvió otros cinco fondos fiduciarios por mal uso de recursos, falta de controles y resultados

- Entre los fondos disueltos se encuentra el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
- El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.
- La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
- El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
- En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
- Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos
- El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.
- Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.
- Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.
- Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”.
- En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.
- Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.
- También se encontraron múltiples falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. Entre ellas se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.
- Ante esta situación, el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley.
- Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. De esta forma, luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.
- En este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos. También, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados.
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