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El Gobierno lanzará en los próximos días «una serie de medidas» con el objetivo de frenar la inflación, en especial la suba que registran los precios de los alimentos.

«El Gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar (que no suban) los precios de los alimentos», indicó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada, dijo que «en los próximos días» el Gobierno dará a conocer una «serie de medidas» contra la inflación, aunque no debe esperarse «un plan milagroso» para resolver un problema que es «multicausal».

La funcionaria dijo que se está librando una «guerra» contra la suba de precios que ya era alta en 2019 durante la administración macrista y se agravó como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y la guerra entre Rusia y Ucrania, aseguró.

La funcionaria ratificó que «las retenciones a los granos no van a ser modificadas por el Gobierno nacional», ya que un cambio de ese tipo es «facultad del Congreso».

Telam SE

 

Las medidas

«Lo que sí tiene definido el Gobierno es la decisión de intervenir» para «defender el derecho de los ciudadanos», ante el aumento «de manera inaudita» registrado en las últimas semanas de los precios internacionales de los commodities, entre los que se encuentran los granos, el petróleo y el gas, precisó.

Cerruti remarcó que no habrá «un plan anti-inflacionario de diez puntos, como tantas veces se anunció» en otras épocas, sino que se irán dando a conocer «una serie de medidas» en «los próximos días».

Además, destacó que el presidente se viene reuniendo con el equipo económico para delinear las medidas y aseguró que no está en estudio «una suba generalizada de las retenciones» sino que hay «conversaciones con aceiteras y otros sectores» de la industria de alimentos para «garantizar el precio de la harina y el aceite».

«Si esto no sucede, existe la posibilidad de modificar la alícuota de los productos derivados de la soja», dijo Cerruti, en referencia a la decisión tomada por el Gobierno el domingo pasado de suspender el registro de exportaciones de aceite y harina de soja.

Estos derivados tributaban hasta la suspensión una alícuota de 31%, que podría pasar a ser de 33% en el caso de que se retiren los alicientes que en su momento dispuso de manera directa el Poder Ejecutivo.

El tema precios sumó un nuevo ingrediente con la difusión de la canasta básica alimentaria de febrero, que marcó un incremento de 9% respecto al mes previo.

El panorama internacional

A nivel global, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que los precios de los alimentos alcanzaron un nuevo récord a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que -en este marco- los sectores de menores recursos serán los más afectados por la creciente inflación global.

«Los precios mundiales de los alimentos, que ya estaban en máximos históricos (un aumento del 23% el año pasado), han alcanzado nuevos máximos desde que comenzó la guerra en Ucrania», remarcó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que «los pobres que gastan una mayor parte en alimentos serán los más afectados; el impacto de los precios repercutirá en todo el mundo y aumentará la inflación en todas partes».

El FMI midió el impacto de los alimentos en el índice de precios al consumidor de naciones avanzadas y en desarrollo.

En base a los números informados por el FMI, mientras que para las economías avanzadas la participación de los alimentos representa aproximadamente el 17% del total del índice que mide los precios al consumidor, para las regiones más pobres de África este rubro explica alrededor del 50%, un dato más que elocuente de que el alza de precios será mucho más pronunciada en los países más pobres.

En tanto, en América Latina los precios de los alimentos representan cerca de un 23% en la canasta, precisó el organismo, algo que también pone sobre la mesa el fuerte impacto que representa para los sectores de menores recursos.

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que la guerra entre Rusia y Ucrania podría «poner en duda» el fuerte rebote económico mundial tras la pandemia de coronavirus, produciendo más inflación y menor crecimiento.

De acuerdo con el informe del organismo con sede en París, se estima que el crecimiento global sea 1% menor al previsto originalmente (de 4,5%) como resultado del conflicto con una «profunda recesión en Rusia», mientras que la inflación, ya previamente elevada debido a los problemas mundiales de suministro, se elevaría en promedio un 2,5% en el mundo.

«La presión mundial en la oferta de commodities está exacerbando las disrupciones en las cadenas de suministro que provocó la pandemia, y posiblemente afecte a los consumidores y las empresas por un tiempo», afirmó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann al presentar el informe.

Por su parte, la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, indicó que la guerra «va a afectar la recuperación mundial y elevar la inflación» y que «la política gubernamental posee un rol crucial para restablecer algunas de las certidumbres que hemos perdido».

Telam SE

La organización, que reúne a 38 países, recomendó «políticas monetarias que anclen las expectativas de inflación» y «medidas fiscales temporarias y focalizadas para amortiguar el impacto en los consumidores y empresas», que si están bien diseñadas, añadirían una presión menor a la inflación.

Por último, subrayó la necesidad de realizar «transferencias monetarias temporarias dirigidas a los consumidores más vulnerables para mitigar la suba en los precios de la energía» que «pueden ser financiadas, en algunos países, a través del cobro de impuestos de las ganancias extraordinarias».

 

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Argentina

Caputo salió a transmitir calma en medio del derrumbe de los mercados

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El ministro de Economía dijo que el Gobierno mantendrá el “orden fiscal y monetario”

En medio del derrumbe de los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad.

Con caídas generalizadas en los principales mercados de acciones de Asia y Europa, el Gobierno intenta la confianza de los inversores, al ratificar que no se apartará de los principales lineamientos hasta ahora eficaces para bajar la inflación y equilibrar la macroeconomía local.

A través de un mensaje en redes sociales, Caputo dijo: “Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1″.

Prometió que el Gobierno seguirá “combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos”.

La caída en las bolsas mundiales se produce como reacción a la suba de aranceles que pretende aplicar el presidente norteamericano, Donald Trump, que provocaría un fuerte impacto negativo sobre el comercio internacional.

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Economía

Aumentan la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC

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El ENARGAS aprobó el incremento transitorio que van a trasladar las subdistribuidoras a este segmento de clientes.

El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC en el comienzo de 2025, mediante la Resolución 933/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La actualización de los facturas cobradas por los Subdistribuidores a aquellos clientes Gran Usuario (GU) o Estación de GNC por el uso de sus instalaciones, es transitoria y fue fijada en $2,18 por metro cúbico por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

En la normativa, se explicó que al igual que en ajustes anteriores, para determinar la nueva suba “se tomó como referencia la evolución de la tarifa que es cobrada por las Distribuidoras a las Subdistribuidoras, el cual representa el costo del servicio determinado por este Organismo, para la adecuación de la tarifa referida”.

En este sentido, se recordó que el Ministerio de Economía para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024 y enero del año 2025, estableció un incremento de las tarifas de distribución y transporte de gas natural del 1%, 2,7%, 3,5%, 3% y 2,5%, respectivamente. Ante esto, el ENARGAS “emitió los correspondientes Cuadros Tarifarios y Cuadros de Tasas y Cargos que reflejaban lo allí instruido”.

La autoridad regulatoria precisó en el texto oficial que “la modificación que se aprueba mediante la presente Resolución es una medida transitoria, al igual los cuadros tarifarios vigentes para las Licenciatarias de Transporte y Distribución del Servicio Público de gas, aprobados en el marco de la emergencia declarada por el DNU Nº 55/23”.

Al respecto, recordó que mediante dicha norma, que fue prorrogada por el Decreto 1023/2024, “se declaró la emergencia en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

Además, puntualizó que en el mismo se determinó el inicio de la revisión tarifaria y se estableció que hasta tanto no se culmine ese proceso, “podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

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Argentina

El Gobierno disolvió otros cinco fondos fiduciarios por mal uso de recursos, falta de controles y resultados

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  • Entre los fondos disueltos se encuentra el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
  • El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.
  • La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
  • El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
  • En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
  • Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos
  • El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.
  • Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.
  • Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.
  • Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. 
  • En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.
  • Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.
  • También se encontraron múltiples falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. Entre ellas se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.
  • Ante esta situación, el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley.
  • Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. De esta forma, luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.
  • En este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos. También, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados.
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