El proyecto para conectar Vaca Muerta con la costa de Río Negro y potenciar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) dio un nuevo paso. San Matías Pipeline (SMP) comenzó los trabajos de soldadura automática de los caños que conformarán el gasoducto de 472 kilómetros que llegará hasta el Golfo San Matías.

La primera unión se realizó en el frente de obra denominado Spread Sur, a la altura del kilómetro 223,1, en las inmediaciones del cruce del río Negro. Se trata de una instancia fundamental para avanzar con el tendido de la infraestructura que permitirá transportar gas desde la cuenca neuquina hasta las instalaciones de licuefacción de Southern Energy (SESA).

El procedimiento utiliza tecnología de soldadura automática en dos etapas, una interna y otra externa, para unir cañerías de 36 pulgadas de diámetro. A lo largo de todo el recorrido está previsto realizar aproximadamente 39.334 soldaduras completas.

El comienzo de esta etapa fue supervisado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el CEO de Southern Energy, Rodolfo Freyre.

«El comienzo de estos trabajos en los plazos previstos consolida nuestro desafío de conectar el potencial de Vaca Muerta con el mercado global de GNL, posicionando a la Argentina como un proveedor clave de energía confiable para el mundo», destacó Freyre.

Por su parte, Weretilneck sostuvo que la obra representa un avance para vincular la producción energética de la provincia de Neuquén con la infraestructura exportadora que se desarrolla sobre la costa rionegrina.

Una inversión de hasta US$1.300 millones y más de 1.300 empleos proyectados

La construcción del gasoducto demandará una inversión estimada de entre US$1.200 millones y US$1.300 millones. De acuerdo con las previsiones del proyecto, la finalización está prevista para el segundo trimestre de 2028.

Para financiar los trabajos, San Matías Pipeline concretó un préstamo sindicado de US$900 millones bajo la modalidad de financiamiento de proyectos (project finance).

La operación fue estructurada por Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú, junto con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. El monto restante será cubierto mediante aportes de capital de las empresas accionistas.

En cuanto al impacto laboral, la obra ya generó 170 puestos de trabajo directos y cuenta con la participación de 98 proveedores de Río Negro.

Las contrataciones provinciales incluyen servicios de transporte, herramientas, indumentaria, campamentos y atención sanitaria. Las compras realizadas a proveedores rionegrinos durante esta etapa alcanzan los $43.790.064.005.

Además, las estimaciones indican que durante marzo de 2027, cuando se espera el pico de actividad, el proyecto podría alcanzar aproximadamente 1.335 empleos directos e indirectos.

Cómo será el recorrido del gasoducto entre Neuquén y Río Negro

La traza tendrá una extensión total de 472 kilómetros, de los cuales 28,5 kilómetros estarán en territorio neuquino y los restantes 443,5 kilómetros atravesarán Río Negro.

El recorrido comenzará en la planta de Tratayén, en Neuquén, y finalizará en la planta compresora San Antonio Oeste, perteneciente a Southern Energy.

Según los datos de avance registrados al 31 de octubre, los trabajos ya comprendían:

• 280 kilómetros de apertura de pista.
• 81 kilómetros de zanjeo.
• 39 kilómetros de desfile de cañería.

Una vez finalizado, el gasoducto tendrá capacidad para transportar 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Los caños llegan desde India y se trasladan desde San Antonio Este

Uno de los componentes centrales de la obra es la provisión de cañerías, que está a cargo de la empresa india Welspun Corp. Limited.

El suministro contempla un total de 12 cargamentos que ingresan al país a través del Puerto de San Antonio Este. Hasta el 31 de octubre se habían descargado cuatro embarques, equivalentes a 13.140 caños.

Desde allí, el traslado terrestre hacia los sectores de acopio está a cargo de la Cooperativa Rioquén, de Río Negro, que realiza un promedio cercano a los 50 retiros diarios.

La logística portuaria y el transporte de los materiales representan una parte fundamental de una obra que involucra distintos puntos de la provincia.

Una planta compresora en Allen y tecnología internacional

El proyecto también contempla la construcción de una planta compresora en Allen, que contará con una potencia instalada de 69.000 HP.

El equipamiento estará integrado por tres turbocompresores: dos funcionarán de manera operativa y uno permanecerá como reserva. Los equipos serán provistos por Nuovo Pignone International, de Baker, mientras que las obras estarán a cargo de OPS.

En cuanto a la ejecución del tendido principal, los trabajos son realizados por la unión transitoria de empresas Sicim-Víctor Contreras. El gerenciamiento está a cargo de PAE e YPF, con supervisión de campo de IEB Construcciones.

Qué empresas están detrás del proyecto exportador de GNL

San Matías Pipeline es un consorcio integrado por cinco compañías: Pan American Sur, con una participación del 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; Harbour Energy, con el 15%; y Golar FLNG, con el 10%.

La misma composición accionaria corresponde a Southern Energy (SESA), compañía que impulsa el esquema de licuefacción de gas natural en la costa de Río Negro.

El proyecto contempla la utilización de dos buques flotantes de licuefacción: el Hilli Episeyo y el Esperanza. Según la planificación prevista, el primero comenzará a operar en 2027 y el segundo en 2028.

Con el inicio de las soldaduras, el gasoducto entra en una nueva etapa de construcción. La infraestructura será clave para conectar la producción de Vaca Muerta con los futuros puntos de exportación de GNL en el Golfo San Matías.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos y el calendario de pagos para los jubilados que accedieron al sistema previsional mediante moratorias. En noviembre de 2026, estos beneficiarios recibirán un incremento del 1,93%, al que se sumará el bono extraordinario de $70.000.

Con esta actualización, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un ingreso total de $514.027 durante el penúltimo mes del año.

Las fechas de acreditación estarán determinadas por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, el cronograma tendrá modificaciones debido a los feriados previstos para noviembre.

Cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en noviembre de 2026

El aumento del 1,93% alcanza tanto a los jubilados que completaron los 30 años de aportes como a quienes obtuvieron el beneficio mediante alguno de los mecanismos de regularización previsional.

La actualización se calcula tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, difundido por el INDEC.

A partir de este incremento, la jubilación mínima quedará establecida en $444.027. A ese importe se le agregará el bono extraordinario de $70.000, confirmado mediante el Decreto 1296/2026.

De esta manera, los montos de noviembre quedarán conformados de la siguiente manera:

• Haber mínimo: $444.027.
• Bono extraordinario: $70.000.
• Total a cobrar: $514.027.

El refuerzo se suma al haber mensual y permite elevar el ingreso de quienes perciben la prestación mínima.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados con moratoria

El cronograma de noviembre tendrá modificaciones respecto de las fechas inicialmente previstas. Los pagos, que iban a comenzar el lunes 9, fueron reprogramados para el miércoles 11.

De acuerdo con el calendario informado, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

El calendario también tendrá una interrupción el lunes 23 de noviembre, debido al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado.

Por otra parte, los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo y los titulares de pensiones no contributivas tendrán sus pagos distribuidos entre el 11 y el 30 de noviembre.

Cómo consultar cuánto se cobra y cuándo se acredita el dinero

Los beneficiarios pueden verificar el importe de su jubilación y la fecha exacta de acreditación a través de la plataforma Mi ANSES.

Para realizar la consulta, deben ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, podrán acceder al apartado de jubilaciones y pensiones para revisar la liquidación mensual.

Allí encontrarán el detalle de los haberes, los descuentos aplicados y los adicionales que correspondan en cada caso.

Cada vez menos personas acceden a la jubilación mediante moratorias

El sistema previsional también muestra un cambio en la composición de las nuevas jubilaciones. Por primera vez desde 2010, durante 2026 las personas que lograron acceder al beneficio con los 30 años de aportes requeridos superaron a quienes necesitaron recurrir a una moratoria.

Los datos correspondientes al período comprendido entre enero y septiembre de 2026 indican que el 57% de las nuevas jubilaciones fueron otorgadas a personas que reunieron los requisitos del régimen general. El 43% restante necesitó algún mecanismo de regularización de aportes.

Uno de los factores que explica esta modificación es el vencimiento del plan de pago de deuda previsional establecido por la Ley 27.705, que dejó de admitir nuevas adhesiones el 23 de marzo de 2025.

Sin embargo, las moratorias todavía representan una parte importante del sistema jubilatorio argentino.

En septiembre de 2026, ANSES abonó aproximadamente 5,65 millones de jubilaciones. De ese total, unos 3,84 millones, equivalentes al 68%, incluían alguna modalidad de regularización de aportes.

La proporción es todavía mayor entre quienes cobran la jubilación mínima: nueve de cada diez beneficiarios de ese segmento accedieron mediante una moratoria.

Un comerciante de Cutral Co denunció haber sido víctima de una estafa virtual que terminó con el vaciamiento total de su cuenta corriente en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). El hecho ocurrió mientras realizaba operaciones habituales desde su computadora y generó preocupación por la seguridad de las transacciones bancarias.

El damnificado es Miguel Silka, propietario de una bicicletería en la localidad. Según relató, el episodio tuvo lugar el pasado 29 de octubre, cuando se encontraba utilizando el sistema de home banking del BPN y comenzó a recibir notificaciones que despertaron sus sospechas.

En un primer momento, al advertir uno de los mensajes, se comunicó con un ejecutivo de la entidad para consultar qué estaba sucediendo. De acuerdo con su testimonio, desde el banco le aseguraron que, mientras permaneciera dentro de su cuenta, el sistema era seguro. Minutos después, la notificación desapareció y Silka continuó con sus trámites.

Sin embargo, poco después apareció una nueva alerta. Esta vez, el aviso informaba sobre una transferencia que estaba en curso y que él no había realizado ni autorizado.

Al advertir lo que ocurría, el comerciante desconectó la computadora y se dirigió inmediatamente a una sucursal del BPN. Para entonces, el dinero de su cuenta corriente ya había desaparecido.

Silka manifestó su malestar por la respuesta que recibió en la entidad bancaria. Aseguró que, pese a ser cliente desde hace aproximadamente 30 años, no encontró una solución a su reclamo.

«Me volvieron a decir que el sistema del banco es inviolable y que me habían hackeado la computadora, sin revisar ni hacer ningún tipo de consulta», cuestionó.

El comerciante decidió hacer público lo sucedido con la intención de conocer si existen otros clientes o comerciantes que hayan atravesado una situación similar. Su objetivo es determinar si se trata de una modalidad de estafa que podría estar afectando a más usuarios y poner en discusión la seguridad de las operaciones bancarias digitales.

«Nos han insertado en un mundo virtual y la verdad siento que como ciudadanos estamos desprotegidos. No creo que la respuesta de que el sistema es inviolable sea verdad», expresó Silka, preocupado por lo ocurrido.

Un antecedente judicial que pone el foco en la responsabilidad de los bancos

La denuncia del comerciante neuquino se conoce en un contexto en el que la Justicia también analizó reclamos de clientes afectados por operaciones bancarias que desconocían.

El pasado 28 de octubre, la Cámara de Apelaciones revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda de un cliente contra su banco por transferencias y un giro en descubierto que aseguraba no haber autorizado. En ese caso, la entidad bancaria terminó siendo condenada.

Los jueces hicieron hincapié en el deber de seguridad que tienen los bancos y señalaron que no corresponde exigirle al consumidor que reconstruya técnicamente cómo se llevó adelante una maniobra fraudulenta.

El caso judicial se originó en enero de 2024, cuando el cliente intentó pagar una compra con su tarjeta de débito y en el comercio le informaron que su cuenta era inexistente. Luego realizó una consulta a través de la aplicación bancaria y obtuvo la misma respuesta.

Ante esa situación, se comunicó inmediatamente con la entidad. Después de verificar su identidad, le preguntaron si reconocía una serie de movimientos que habían sido realizados sin su autorización. Se trataba de transferencias a personas con las que nunca había operado y de un débito relacionado con un descubierto que superaba ampliamente el monto que tenía autorizado.

Además, parte de las operaciones se habían efectuado en Mar del Plata, a unos 1.200 kilómetros de su domicilio en Rincón de los Sauces.

Aunque el banco abrió un reclamo, posteriormente le exigió que presentara pruebas de la maniobra de phishing.

En primera instancia, el juez Martín Peliquero rechazó la demanda al considerar que el cliente no había demostrado que un tercero hubiera ingresado al sistema ni que la plataforma bancaria tuviera vulnerabilidades.

La Cámara adoptó otro criterio. Los magistrados entendieron que el usuario no tenía la obligación de acceder a los servidores de la entidad, identificar las direcciones desde las cuales se realizaron las operaciones ni determinar qué mecanismo utilizaron los responsables de la estafa.

Según señalaron, esa información estaba bajo el control del propio banco, que además decidió no presentarse en el juicio.

El antecedente vuelve a poner en discusión las responsabilidades de las entidades financieras frente a las operaciones desconocidas por sus clientes y plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección y respuesta ante posibles fraudes digitales.