Prorrogaron la emergencia sobre propiedad de tierras habitadas por comunidades indígenas
A través de un DNU firmado por el presidente Alberto Fernández también se suspende por 48 meses la ejecución de sentencias sobre los litigios. Referentes de las comunidades manifestaron su interés en que el tema sea resuelto el sesión del Congreso el 23 de noviembre, último día de vigencia de la ley 26.160.
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El presidente Alberto Fernández prorrogó este jueves por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual también se suspende, por el mismo plazo, la ejecución de sentencias sobre los respectivos litigios.
Mediante el decreto 805, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo revalidó los plazos que fueron establecidos en la ley 26.160, y que en su oportunidad fueron extendidos por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400, sancionadas a tales efectos.
Al respecto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que «la prórroga de esta ley se realizó porque dicha extensión tenía media sanción del Senado y despacho de comisión de Diputados, pero como vencía hubo que hacer la prórroga por DNU antes del 23 de noviembre».
En ese sentido, el Lonko (jefe) de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel, comentó a Télam que distintas organizaciones indígenas del país están en contacto para definir «una estrategia en común» respecto al DNU presentado por el Presidente de la Nación.
«La decisión sería si nos quedamos parados con el DNU presidencial o presionamos para que en la sesión del 23 de noviembre, último día de vigencia de la ley, se logre ratificar la prorroga por ley»Jorge Nawel, Lonko Mapuche de Neuquén
La decisión en cuestión sería, si «nos quedamos parados con el DNU presidencial o presionamos para que en la sesión del 23 de noviembre, último día de vigencia de la ley, se logre ratificar la prorroga por ley», agregó Nawel.
Por su parte, la representante legal de la Asociación de Derecho Indígena, Silvina Ramírez, expresó a esta agencia que la prórroga por decreto del Poder Ejecutivo «no era ni lo deseable ni lo esperable», sino que desde las comunidades y quienes acompañan la lucha por sus derechos territoriales estaban esperando que se diera por medio del debate parlamentario, «que fortalecería los derechos indígenas y discutir algo más que una ley de emergencia, sino una ley de propiedad comunitaria indígena».
Sin embargo, la abogada marcó que dado el escenario tan complejo, en medio de debates alrededor de las recuperaciones territoriales por mapuches en la Patagonia y considerando que la ley vence en pocos días, «no podíamos dejar que las comunidades estuvieran expuestas en una situación tan frágil cuando la ley perdiera vigencia».
«Desde esa perspectiva y siendo totalmente pragmáticos, un DNU era la única respuesta frente al no debate en Diputados», añadió.
En esa línea, la exsenadora y actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, destacó la importancia de la ley 26.160, que el DNU presidencial prorroga, y afirmó: «Es una ley valiente porque, ante los grandes intereses que existen por la tierra, protege a las comunidades indígenas de desalojos de su territorio, mientras se lleva adelante el proceso del relevamiento».
Al respecto, Cerruti aclaró: «Esta norma habla de un reordenamiento territorial que se está llevando a cabo y que no está concluido», y además consideró que «el reordenamiento territorial es un espacio de diálogo para la cuestión de los pueblos originarios que reclaman derechos sobre algunos territorios».
«En muchas provincias se está avanzando mucho con este proceso. En algunas más, en otras menos, pero existen las herramientas institucionales para que los gobiernos provinciales se sienten con los representantes legítimos de esos pueblos», apuntó.
Sobre los hechos de violencia ocurridos en regiones de la Patagonia, sostuvo: «Repudiamos todo hecho de acción violenta y ayudamos a los gobiernos provinciales a prevenirla y a contenerlas y perseguirlas cuando estas suceden».
Detalles del decreto 805
La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por «el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras», y establece que «la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada».
Asimismo, se fija que «durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales».
Las autoridades también deberán también «promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales».
También se dispone la asignación «para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al presente decreto de un crédito de $ 290.000.000 destinados a la atención del Fondo Especial» contemplado en la Ley 26.160.
El INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso «un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance», se establece en el DNU.
«Preexistencia indígena», el alma de la ley 26.160
La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan».
La norma implicó «el cumplimiento de compromisos asumidos» por el Estado Argentino «mediante la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en base a un criterio que prevé que «los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente», según se indica en los fundamentos del decreto 805.
FUENTE: TELAM
Argentina
El Gobierno anunció que prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género
El mandatario encabezó en Casa de Gobierno el acto de entrega de sables al personal de las Fuerzas Armadas.
El presidente Javier Milei ratificó hoy la política de seguridad del Gobierno y anunció que prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género, luego de que se diera a conocer que el líder de la banda Los Monos, Guillermo Cantero, había presentado 10 hábeas corpus en los que decía autopercibirse mujer.
“Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede darse semejante barbaridad. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la ley de igualdad de género“, aseveró Milei al encabezar la ceremonia de Entrega de Sables que tuvo por la tarde en la Casa Rosada.
En esa línea, el mandatario señaló que los establecimientos penitenciarios que no adhieran a la medida “lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito“.
También manifestó que hay casos donde los convictos argumentan autopercibirse del género femenino para “aprovecharse de las reclusas o para continuar con sus negociados desde condiciones más laxas”.
El jefe de Estado sostuvo también que uno de los pilares de su administración en materia de seguridad es que “los buenos son los de azul”, en referencia a los policías, y “los malos son los delincuentes”.
“El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios, no proteger a los victimarios y castigar a las víctimas“, sostuvo.
En este sentido, Milei afirmó que “durante muchos años se intentó dar vuelta a la lente con la que observamos la realidad”.
“En medio de esta puja argumentativa ridícula, nuestras Fuerzas de Seguridad quedaron desamparadas por un Estado que se cansó de ningunearlas“, remarcó el Presiente.
Y agregó que “era tal el ninguneo que hasta se llegó al absurdo de liberar presos o castigar a policías honorables por el imperdonable delito de hacer bien su trabajo”.
“Maquillaron un abolicionismo sin escrúpulos bajo el nombre de garantismo, pero lo único que garantizaban era la perpetuidad del crimen y el vale todo”, enfatizó Milei.
Asimismo, al destacar el accionar del Ministerio de Seguridad, el mandatario dijo que se logró erradicar “completamente los piquetes de nuestra sociedad, cosa que hace un año parecía imposible, y lo logramos, al primer mes de haber asumido“.
En este sentido, Milei sostuvo que el Gobierno está “poniendo a trabajar a presos de todo el país con el objetivo de que devuelvan el daño que le causaron a la sociedad” y para que “comprendan realmente el esfuerzo que arrebatan en cada delito que cometen“.
“Les sacamos los celulares, en todas las cárceles nacionales: se acabó el ´Viva la Pepa´ de que sigan haciendo sus negocios desde las cárceles federales”, precisó el Presidente.
El acto de entrega de sables y despachos a las Fuerzas Armadas se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y participaron también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para quien el mandatario pidió un aplauso; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni, entre otros funcionarios.
Argentina
Cédula azul digital ya es oficial: cómo obtenerla
Cédula Azul Digital: ¿Cómo habilitar a terceros para conducir vehículos?
La Disposición 343/2024, publicada en el Boletín Oficial, oficializa la cédula azul digital en Argentina. Esta medida permite a los titulares habilitar a terceros para conducir vehículos a través de la aplicación Mi Argentina.
¿Cómo realizar el procedimiento?
Para habilitar a un tercero para conducir un vehículo, debes seguir los siguientes pasos:
1. Accede a Mi Argentina: Ingresa a la aplicación Mi Argentina y selecciona la sección “Mis vehículos”.
2. Selecciona el dominio: Selecciona el dominio del vehículo registrado a tu nombre.
3. Habilita a conducir: Elige la opción “Habilitar a conducir” desde la cédula vigente.
4. Completá los datos del tercero: Completá los datos del tercero (nombre, apellido y CUIT, CUIL o CDI).
¿Qué beneficios tiene la cédula azul digital?
La cédula azul digital ofrece varios beneficios, entre ellos:
– Mayor seguridad y eficiencia en la gestión de la habilitación de terceros.
– Posibilidad de realizar el procedimiento de manera online, sin necesidad de acudir a una oficina física.
– Mayor agilidad en la gestión de la habilitación de terceros.
¿Qué debo tener en cuenta?
Es importante tener en cuenta que la habilitación de terceros no modifica la responsabilidad civil del titular registral por los daños ocasionados con el vehículo. Además, es importante verificar que el tercero habilitado cuente con la licencia de conducir correspondiente y que el vehículo esté en condiciones de circular.
Argentina
La Legislatura de Neuquén debatirá mañana el futuro de la vicegobernadora Gloria Ruiz
La sesión se llevará a cabo desde las 17 horas. Se creará una «comisión investigadora» para analizar los hechos que involucran a la vicegobernadora de Rolando Figueroa.
La Legislatura de Neuquén debatirá mañana el futuro de la vicegobernadora de esa provincia, Gloria Ruiz, luego de que se dieran a conocer denuncias por supuesto manejo irregular de fondos públicos y peculado por parte de su hermano, Pablo Ruiz, quien se desempeñaba como coordinador del parlamento provincial.
«Se acordó avanzar con la investigación, que será liderada por los presidentes de bloque. Mañana se decidirá si Ruiz es apartada temporalmente de su cargo durante los 30 días hábiles que durará la pesquisa», afirmó el diputado Gabriel Álamo, presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), en declaraciones radiales.
Álamo precisó también que la sesión parlamentaria se llevará a cabo desde las 17 y que se creará una «comisión investigadora» para analizar los hechos que involucran a la vicegobernadora de Rolando Figueroa.
La denuncia contra Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, incluye presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos y participación en maniobras ilícitas. Estas acusaciones pusieron en cuestión la figura de la titular del parlamento provincial a raíz del vínculo cercano que mantiene con el coordinador de la Legislatura.
La vicegobernadora había anunciado hoy la desvinculación del cargo que desempeñaba Ruiz como coordinador de la Legislatura provincial.
Según indicó en un comunicado, la medida pretende «garantizar la independencia del Poder Judicial» y «asegurar que las investigaciones avancen sin interferencias».
«He tomado la decisión de despedir del cargo al Coordinador de Casa de las Leyes, Sr. Pablo Ruiz, en virtud de la investigación iniciada, buscando asegurar que no se interfiera en el accionar del Ministerio Público Fiscal y garantizando de esta forma la independencia del poder judicial», expresó Ruiz.
En tanto, afirmó que el personal legislativo tiene «instrucciones de colaborar plenamente con la Justicia» y que todo lo que se requirió para ahondar en la investigación fue entregado inmediatamente para «facilitar» el accionar del Ministerio Fiscal (MPF).
Asimismo, señaló que «la transparencia institucional» es uno de los puntos más importantes de su gestión y determinó que estas decisiones «son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial».
Por otra parte, la oposición neuquina objetó a la vicegobernadora «por tener la habilidad moral de continuar en su cargo».
A su vez, el abogado defensor del hermano de la titular de la Legislatura, Federico Diorio, declaró que «no existe ninguna imputación formal en su contra» y que se trata de una «estrategia política para perjudicar la imagen de Gloria».
El personal del Ministerio Público Fiscal neuquino se había hecho presente el pasado viernes en las dependencias de la Legislatura local a raíz de una orden del juez Juan Manuel Kees, quien dispuso el pedido de documentación para la causa que presenta movimientos financieros sospechosos y que podrían estar vinculados con plazos fijos de Pablo Ruiz.
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