Política
Neuquén buscará recuperar el aeropuerto de Caviahue para mejorar la conectividad aérea del interior
El gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia comenzará a trabajar en la recuperación de la infraestructura aeroportuaria. La iniciativa se suma al restablecimiento de los vuelos comerciales entre Neuquén capital y Chos Malal, que actualmente cuenta con dos frecuencias semanales.
El Gobierno de Neuquén buscará recuperar el aeropuerto de Caviahue como parte de una estrategia para ampliar y fortalecer la conectividad aérea en el interior de la provincia. El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien anticipó que comenzarán las gestiones para avanzar con la puesta en valor de esa infraestructura.
La iniciativa apunta a mejorar las conexiones entre distintas localidades neuquinas y se incorpora a una agenda de acciones orientadas a recuperar y ampliar los servicios de transporte aéreo.
Uno de los avances recientes en ese sentido fue la reactivación de los vuelos comerciales entre Neuquén capital y Chos Malal, concretada en septiembre de este año.
Vuelos comerciales entre Neuquén y Chos Malal
Actualmente, la conexión aérea entre ambas ciudades cuenta con dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, y es operada por la empresa American Jet.
El restablecimiento de este servicio forma parte de las medidas impulsadas para facilitar los traslados dentro del territorio provincial.
En ese contexto, la recuperación del aeropuerto de Caviahue aparece como un nuevo proyecto para ampliar la infraestructura disponible y avanzar en una mayor conectividad aérea para las localidades del interior.
Política
Neuquén: proponen suspender la feria judicial de enero de 2027 por las demoras en los tribunales
La diputada Gisselle Stillger presentó un proyecto para que el Tribunal Superior de Justicia declare la emergencia del servicio y mantenga activos los tribunales durante el receso de verano. La iniciativa busca recuperar causas pendientes en medio del conflicto salarial con los trabajadores judiciales.
La posibilidad de que Neuquén no tenga feria judicial en enero de 2027 comenzó a generar debate en el ámbito político y judicial. Una iniciativa presentada en la Legislatura propone suspender excepcionalmente el receso de verano y declarar la emergencia del servicio de justicia, con el objetivo de acelerar los expedientes demorados y recuperar la actividad afectada por las medidas de fuerza.
El proyecto de comunicación fue impulsado por la diputada provincial Gisselle Stillger, del bloque Arriba Neuquén, quien solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que adopte medidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento de los tribunales durante enero.
«Las necesidades de quienes esperan una cuota alimentaria, una indemnización o la resolución de un conflicto familiar no entran en receso», sostuvo la legisladora. Además, consideró necesario implementar acciones concretas para evitar que las demoras acumuladas se prolonguen durante otro año.
Qué medidas propone para recuperar las causas pendientes
La iniciativa plantea que la declaración de emergencia tenga carácter transitorio, con un plazo determinado y evaluaciones periódicas. También solicita la elaboración de un plan extraordinario para identificar los expedientes pendientes en cada organismo y fuero, establecer objetivos de resolución y reorganizar las audiencias.
Entre las medidas propuestas se encuentran:
- Relevar las causas pendientes en las distintas dependencias judiciales.
- Establecer metas de despacho que puedan ser verificadas.
- Reprogramar audiencias y reforzar las áreas de notificaciones, mandamientos y órdenes de pago.
- Dar prioridad a los casos urgentes y a las personas en situación de vulnerabilidad.
- Organizar turnos y revisar las licencias del personal judicial para garantizar la continuidad del servicio.
Sobre este último punto, el proyecto contempla una reorganización fundada de las licencias de magistrados, funcionarios y empleados, aunque establece que deberá respetarse el derecho al descanso.
Además, Stillger pidió que el TSJ informe a la Legislatura, en un plazo de 15 días hábiles, qué medidas adoptó, cuál es la cantidad de causas pendientes y cómo prevé organizar el funcionamiento de los tribunales durante enero.
El conflicto con Sejun, en el centro del debate
Entre los fundamentos de la propuesta, la diputada mencionó las medidas de fuerza realizadas durante febrero, marzo, abril, octubre y noviembre de 2026. A su entender, la continuidad del conflicto y la proximidad de la feria judicial configuran una situación de gravedad institucional.
Stillger aclaró que su iniciativa no pretende desconocer los reclamos de los trabajadores, aunque sostuvo que las negociaciones salariales y las discusiones sobre concursos y carrera judicial deben desarrollarse sin afectar la atención a la ciudadanía.
«Los salarios, los concursos y la carrera judicial deben discutirse con los tribunales funcionando. La ciudadanía no puede quedar sometida a una espera indefinida», expresó.
La legisladora también recordó que la decisión de suspender la feria corresponde al Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido, citó el artículo 240 de la Constitución provincial, que establece las facultades de superintendencia del organismo, y la Ley 1436, que le permite fijar los períodos de feria y suspender términos judiciales.
Cómo está la negociación entre el TSJ y los trabajadores judiciales
La presentación se produjo en medio de un escenario de tensión entre el Tribunal Superior de Justicia y el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun), conducido por Santiago Alonso.
El gremio había denunciado semanas atrás un «silencio total» por parte del Tribunal y reclamado la reapertura de las negociaciones paritarias. El conflicto incluyó retiros de actividades, movilizaciones y jornadas de paro en distintas circunscripciones de la provincia.
El 10 de noviembre hubo una movilización en la capital neuquina, acompañada por un paro de 24 horas en las circunscripciones del interior. Al día siguiente se realizó otra jornada de huelga.
El 12 de noviembre, el TSJ presentó una nueva propuesta salarial que, según los fundamentos del proyecto de Stillger, contemplaba aumentos del 4% para noviembre y del 3% para enero de 2027, además de actualizaciones vinculadas con la inflación. Sin embargo, el plenario de Sejun rechazó la oferta al día siguiente.
Desde entonces, las diferencias también alcanzan cuestiones relacionadas con los concursos, la capacitación y la carrera judicial.
Por su parte, Alonso rechazó que exista una paralización generalizada de los expedientes y sostuvo que las oficinas continúan abiertas durante las jornadas de protesta.
Los abogados también reclaman medidas para normalizar la Justicia
El planteo de Stillger se suma a los reclamos del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, que en sus comunicados del 12 y 16 de noviembre advirtió sobre las demoras en el funcionamiento judicial.
Entre los problemas señalados figuran escritos que permanecen sin despacho, oficios que tardan semanas en ser firmados y expedientes que no registran avances. Frente a ese panorama, la entidad pidió medidas extraordinarias para normalizar el servicio y propuso evaluar la suspensión de la feria para magistrados y funcionarios.
También se pronunciaron abogados independientes, que reclamaron el fin de las medidas de fuerza y señalaron que, a diferencia de los empleados judiciales, sus ingresos dependen del avance de las causas, ya que no cuentan con un salario fijo ni con aguinaldo.
No es la primera vez que Stillger propone modificar el receso judicial. En marzo había presentado otro proyecto para reducir la feria anual a la mitad, con una semana de receso en julio y dos en enero. En aquella oportunidad, vinculó su planteo con la necesidad de acelerar los procedimientos a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial.
Las elecciones de febrero y el funcionamiento judicial en enero
El debate también coincide con el calendario electoral de Neuquén. Ante las elecciones provinciales previstas para el 14 de febrero, el Juzgado Electoral ya tiene habilitada la feria de enero para desarrollar las tareas vinculadas con el proceso electoral.
De esta manera, una parte del Poder Judicial continuará trabajando durante el verano. La incógnita es si el Tribunal Superior de Justicia resolverá extender esa modalidad al resto de los fueros y avanzar con la suspensión excepcional del receso judicial.
Por ahora, la propuesta de Stillger constituye un pedido dirigido al TSJ y no una decisión confirmada. Será el máximo organismo judicial de la provincia el que deberá evaluar si adopta las medidas planteadas.
Política
La Libertad Avanza de Neuquén reúne a su Congreso Provincial, pero todavía no definirá candidaturas
El encuentro se realizará este viernes desde las 17, luego de haber sido postergado por cuestiones organizativas. Mientras el espacio comienza a delinear su estrategia para las elecciones del 14 de febrero, las principales incógnitas sobre el armado electoral continúan abiertas.
La Libertad Avanza de Neuquén llevará adelante este viernes su Congreso Provincial, en un escenario marcado por las negociaciones internas y las definiciones pendientes de cara a las próximas elecciones del 14 de febrero.
Aunque la convocatoria había despertado expectativas sobre posibles anuncios electorales, desde el espacio anticiparon que no se resolverán candidaturas durante el encuentro. Según explicó un referente libertario, la reunión responde principalmente a una formalidad institucional exigida por la convocatoria electoral y los requerimientos de la Justicia.
“Es una formalidad que hay que hacer por el llamado a elecciones e intimación de la Justicia. Pero todavía no se van a definir candidaturas”, señalaron desde el partido.
El congreso había sido programado inicialmente para el lunes, pero debió trasladarse a este viernes debido a dificultades de organización y convocatoria de dirigentes del interior de la provincia. La actividad comenzará a las 17.
Los nombres que aparecen en el escenario electoral
Mientras La Libertad Avanza posterga las definiciones, el mapa político neuquino comienza a mostrar algunos posibles protagonistas de la próxima contienda.
Uno de los nombres que aparece como referencia central es el del gobernador Rolando Figueroa, cuya participación en la disputa electoral es considerada prácticamente segura, aunque todavía no exista una confirmación oficial.
También figura el exgobernador Jorge Sobisch, quien recientemente acordó una alianza con el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. A ese entendimiento se sumaría la Unión Cívica Radical (UCR), que participaría como colectora.
Dentro de La Libertad Avanza, en tanto, una de las principales incógnitas pasa por una eventual candidatura a gobernadora de la senadora nacional Nadia Márquez.
La situación judicial de Nadia Márquez y la ley de Ficha Limpia
La posibilidad de que Márquez encabece la fórmula libertaria está atravesada por las dudas sobre la aplicación de la ley provincial de Ficha Limpia y su situación judicial.
La normativa establece restricciones para determinadas personas con antecedentes judiciales e incluye entre sus supuestos a quienes hayan accedido a una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.
Márquez obtuvo ese beneficio en una causa iniciada en 2013, aunque posteriormente fue sobreseída en 2016. La interpretación del alcance de la legislación y su aplicación al caso de la senadora serán aspectos determinantes para establecer si puede competir electoralmente.
Otro dirigente libertario que manifestó su intención de disputar la gobernación es el senador Pablo Cervi. Sin embargo, dentro del espacio también se analiza la posibilidad de no presentar una candidatura propia, en caso de que no estén dadas las condiciones para competir.
Esa alternativa permitiría evitar una derrota electoral contundente y dejar abierta la posibilidad de algún entendimiento con el sector que conduce Figueroa.
El MPN tampoco presentaría candidato a gobernador
El escenario electoral provincial suma otro dato relevante: el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que gobernó Neuquén durante décadas, resolvió no presentar postulantes a la gobernación en los próximos comicios.
La decisión fue adoptada durante la Convención Provincial del espacio y marcará un hecho inédito en su trayectoria electoral.
Actualmente, el partido se encuentra bajo la conducción política de Figueroa, quien en 2023 llegó a la gobernación tras competir por fuera de la estructura tradicional del MPN y desplazar al histórico oficialismo provincial.
Con el calendario electoral cada vez más cerca, La Libertad Avanza deberá avanzar en la definición de sus candidatos y resolver qué estrategia adoptará para competir en Neuquén. Por ahora, el Congreso Provincial servirá para cumplir con los pasos institucionales, pero no despejará las principales dudas sobre el futuro electoral del espacio.
Política
El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: qué derechos y prestaciones garantiza
La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y establece un régimen permanente que reemplazará al esquema de emergencia vigente hasta fines de 2026. Entre sus principales medidas, contempla la continuidad de las pensiones, actualizaciones por inflación y la posibilidad de trabajar sin perder el beneficio, bajo determinados límites de ingresos.
El Senado de la Nación aprobó este jueves la nueva Ley de Discapacidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa establece un marco normativo permanente para el sector y busca reemplazar el sistema de emergencia que tiene vigencia hasta finales de 2026.
El texto mantiene buena parte de los derechos y las prestaciones incorporados durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, luego de las negociaciones entre el Gobierno nacional y los distintos bloques opositores.
Entre los principales puntos, se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización de acuerdo con la inflación y el sostenimiento de un nomenclador universal que establece aranceles unificados para las prestaciones.
La legislación también determina que las pensiones por discapacidad equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documento central para acreditar la condición y acceder a los beneficios correspondientes.
Trabajo registrado y continuidad de las pensiones
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con un empleo registrado.
De esta manera, las personas con discapacidad podrán incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley también garantiza la cobertura de salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad mediante el Programa Incluir Salud. Este sistema deberá asegurar el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.
Para sostener el funcionamiento del régimen, se prevén partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y mecanismos de compensación con fondos del Tesoro Nacional cuando los recursos asignados resulten insuficientes.
Además, el Poder Ejecutivo deberá adoptar medidas para evitar que los ingresos de los beneficiarios pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.
Las posiciones durante el debate y las dudas sobre el financiamiento
Durante la discusión parlamentaria, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la necesidad de dejar atrás el esquema de emergencia y establecer reglas permanentes. Según explicó, las sucesivas prórrogas generan incertidumbre tanto para las personas que reciben prestaciones como para los profesionales y las instituciones encargadas de brindarlas.
Desde la oposición, Alicia Kirchner planteó interrogantes sobre la capacidad operativa del Estado para implementar la normativa. En particular, cuestionó los recursos disponibles en las oficinas de ANSES para llevar adelante las decisiones administrativas y señaló que existen 427 centros de atención en todo el país.
El financiamiento también fue uno de los puntos centrales de la discusión. El senador Guillermo Andrada mencionó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que proyectan un gasto de $600.000 millones para 2026. Por su parte, Monteverde hizo referencia a una previsión de $1,2 billones para 2027.
Auditorías y controles sobre las prestaciones
La nueva legislación incorpora mecanismos de seguimiento y fiscalización de los beneficios. La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo la realización de auditorías periódicas mediante el intercambio de información con distintos organismos públicos.
Entre las entidades contempladas para esos controles figuran ANSES, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
La normativa habilita la suspensión preventiva de una prestación cuando se detecten incumplimientos objetivos. Sin embargo, también establece garantías para los beneficiarios, como la obligación de recibir una notificación y contar con instancias para ejercer su defensa.
Asimismo, se prevén mecanismos para solicitar la rehabilitación provisoria del beneficio mientras se resuelve la situación administrativa.
Plazos para pagar las deudas con los prestadores
Otro de los capítulos establece condiciones para regularizar las obligaciones pendientes con los prestadores de servicios vinculados con discapacidad.
En caso de que existan deudas al momento de la sanción, el Gobierno deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los primeros 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.
Durante el debate, la senadora radical Mariana Juri reclamó que el Presupuesto 2027 incluya los recursos necesarios para garantizar la aplicación efectiva de la normativa. También advirtió sobre la pérdida de participación de las partidas destinadas a discapacidad en distintos ejercicios presupuestarios.
Con los 71 votos afirmativos, la iniciativa obtuvo el respaldo de todos los bloques del Senado. El próximo desafío será garantizar su implementación y asegurar que las prestaciones, la cobertura de salud y los derechos reconocidos puedan cumplirse sin que las dificultades presupuestarias perjudiquen a las personas con discapacidad y sus familias.
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