Economía
La inversión pública aumentó 275% en 2021 y alcanzó su nivel más alto en cinco años
Vivienda y urbanismo, transporte, agua potable y alcantarillado y energía fueron los cuatro rubros principales, al explicar el 75,8% del total de la inversión.
La inversión pública ejecutada por la Administración Nacional en 2021 ascendió a $1.108.623 millones, con un incremento nominal del 275% y del 148,5% en términos reales, al tiempo que alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, con una participación del 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La inversión pública aumentó 275% en 2021 y alcanzó su nivel más alto en cinco años
Vivienda y urbanismo, Transporte, Agua potable y alcantarillado y Energía fueron los cuatro rubros principales, al explicar el 75,8% del total de la inversión.
El crecimiento de la inversión pública, así como su distribución geográfica por todo el país, fue destacado por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, quien puntualizó la «intención clara y franca del Gobierno» por priorizarla.
«Claramente, esto es el resultado de una política del gobierno que da origen a este incremento sustancial», remarcó en declaraciones a Télam Weiss, quien comparó la gestión en la materia del presidente Alberto Fernández con la de su predecesor, Mauricio Macri, a la luz de la crisis financiera de 2018 que, a su juicio «marcó un antes y un después».
Las fuentes internas de financiamiento exhibieron un crecimiento del 202,7%, mientras que las externas cayeron 6,7%.
Al respecto, señaló que «en 2017 el nivel de inversión pública había sido muy importante, pero en 2018 y 2019 disminuyó drásticamente».
El proceso devaluatorio iniciado en abril de 2018 y el cierre de los mercados de capitales fue un punto de inflexión en las modalidades de financiamiento de la inversión pública.
Al respecto, la OPC indicó que las fuentes internas de financiamiento exhibieron un crecimiento del 202,7%, mientras que las externas cayeron 6,7%.
Eso determinó que el 90,3% del financiamiento del gasto en inversión correspondió a fuentes internas ($1.000.757 millones) y el 9,7% restante a fuentes externas ($107.866).
Dentro de las fuentes internas, el 48,6% correspondió a recursos del Tesoro Nacional y el 47,2% al crédito interno.
Por su parte, el 56,2% de las fuentes externas provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),el 14,5% del Banco Mundial, el 13,1% del Banco de Desarrollo de China y el 9,8% de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Luego del impacto que tuvo la irrupción de la pandemia de coronavirus en 2020, el año pasado marcó un repunte en la inversión pública, reflejado en el hecho que se pasó de una participación del 1,1% al 2,4% del PBI.
Iván Szczech, predecesor de Weiss en la presidencia de Camarco e integrante del Consejo Económico y Social, coincidió en destacar la importancia del incremento de la inversión público y consideró «fundamental que se profundice aún más en 2022 y en el futuro, para que el país pueda crecer a un ritmo de entre 3 y 4 % anual».
Dentro de las fuentes internas, el 48,6% correspondió a recursos del Tesoro Nacional y el 47,2% al crédito interno.
«La actual negociación con el Fondo Monetario debe privilegiar esta inversión y no disminuirla como paso en el acuerdo del 2018 con el resultado que ya todos conocemos», enfatizó Szczech en declaraciones a Télam.
En el crecimiento anual de la inversión pública tuvieron un desempeño destacado las Transferencias de Capital (TC), con $859.259 millones y un aumento en términos reales (deflactada por la inflación del 50,9% de 2021) del 187,4% (333,7% nominal).
Ese incremento fue superior al del otro componente, la Inversión Real Directa (IRD), que con $249.364 millones tuvo un alza real del 69,5% y nominal del 155,8%.
En cuanto a la participación de cada componente respecto del PBI, la IRD pasó de 0,4% en 2020 a 0,5% en 2021, en tanto en el mismo lapso la TC se elevó de 0,7% a 1,9%.
Weiss consideró que el mayor crecimiento de las TC por sobre la IRD obedeció a que «unas de las cosas que el gobierno está haciendo es transferir directamente los recursos a las jurisdicciones para descentralizar la ejecución y hacerla más rápido, en vez de dejar en manos del gobierno central», de manera tal que sean «las provincias y también los municipios los que se hagan cargo de esa tarea».
En el mismo sentido, Szczech resaltó que «lo que se ha dado en todo el país son obras que se ejecutan de forma federal, en más de 3.000 municipios».
De esa forma, agregó, se logró que «la industria de la construcción sea la que mayor cantidad de empleo privado creo, con 75.000 puestos de trabajo directos en 2021 y 100.000 si tomamos desde julio de 2020».
Entre los destinatarios de las transferencias, los fondos fiduciarios y otros entes ($333.828 millones) se ubicaron en primer lugar, con un crecimiento interanual de 649,4% y una participación del 38,8% del total de la TC.
Se logró que «la industria de la construcción sea la que mayor cantidad de empleo privado creo, con 75.000 puestos de trabajo directos en 2021 y 100.000 si tomamos desde julio de 2020».
En segundo lugar estuvieron las empresas públicas ($262.526 millones) con un alza del 95,1% respecto de 2020 y una participación del 30,5%, y luego las provincias y municipios ($215.541 millones), que crecieron 150,2% en un año y representaron el 25,1% del total.
La ejecución presupuestaria en proyectos de inversión correspondió a 673 obras y 20 de ellas, relacionadas mayoritariamente con la construcción de autopistas y autovías a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, concentraron la mitad del devengado en este concepto.
Las principales fueron la construcción de la segunda calzada del tramo Pilar-Pergamino de la ruta nacional 8 ($11.759 millones), la autopista Presidente Juan Domingo Perón ($9.648 millones), la renovación de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas ($8.585 millones) y la construcción de la segunda calzada del tramo Rosario-Sunchales de la ruta nacional 34 ($6.671 millones).
Por último, el ritmo de ejecución mensual de la inversión pública se aceleró en el último bimestre del año y concentró en ese período la mitad del devengado anual.
FUENTE: TELAM
Economía
Le apareció una transferencia que nunca autorizó y terminó con la cuenta vacía: la denuncia de un comerciante de Cutral Co.
Un comerciante de Cutral Co denunció haber sido víctima de una estafa virtual que terminó con el vaciamiento total de su cuenta corriente en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). El hecho ocurrió mientras realizaba operaciones habituales desde su computadora y generó preocupación por la seguridad de las transacciones bancarias.
El damnificado es Miguel Silka, propietario de una bicicletería en la localidad. Según relató, el episodio tuvo lugar el pasado 29 de octubre, cuando se encontraba utilizando el sistema de home banking del BPN y comenzó a recibir notificaciones que despertaron sus sospechas.
En un primer momento, al advertir uno de los mensajes, se comunicó con un ejecutivo de la entidad para consultar qué estaba sucediendo. De acuerdo con su testimonio, desde el banco le aseguraron que, mientras permaneciera dentro de su cuenta, el sistema era seguro. Minutos después, la notificación desapareció y Silka continuó con sus trámites.
Sin embargo, poco después apareció una nueva alerta. Esta vez, el aviso informaba sobre una transferencia que estaba en curso y que él no había realizado ni autorizado.
Al advertir lo que ocurría, el comerciante desconectó la computadora y se dirigió inmediatamente a una sucursal del BPN. Para entonces, el dinero de su cuenta corriente ya había desaparecido.

Silka manifestó su malestar por la respuesta que recibió en la entidad bancaria. Aseguró que, pese a ser cliente desde hace aproximadamente 30 años, no encontró una solución a su reclamo.
«Me volvieron a decir que el sistema del banco es inviolable y que me habían hackeado la computadora, sin revisar ni hacer ningún tipo de consulta», cuestionó.
El comerciante decidió hacer público lo sucedido con la intención de conocer si existen otros clientes o comerciantes que hayan atravesado una situación similar. Su objetivo es determinar si se trata de una modalidad de estafa que podría estar afectando a más usuarios y poner en discusión la seguridad de las operaciones bancarias digitales.
«Nos han insertado en un mundo virtual y la verdad siento que como ciudadanos estamos desprotegidos. No creo que la respuesta de que el sistema es inviolable sea verdad», expresó Silka, preocupado por lo ocurrido.
Un antecedente judicial que pone el foco en la responsabilidad de los bancos

La denuncia del comerciante neuquino se conoce en un contexto en el que la Justicia también analizó reclamos de clientes afectados por operaciones bancarias que desconocían.
El pasado 28 de octubre, la Cámara de Apelaciones revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda de un cliente contra su banco por transferencias y un giro en descubierto que aseguraba no haber autorizado. En ese caso, la entidad bancaria terminó siendo condenada.
Los jueces hicieron hincapié en el deber de seguridad que tienen los bancos y señalaron que no corresponde exigirle al consumidor que reconstruya técnicamente cómo se llevó adelante una maniobra fraudulenta.
El caso judicial se originó en enero de 2024, cuando el cliente intentó pagar una compra con su tarjeta de débito y en el comercio le informaron que su cuenta era inexistente. Luego realizó una consulta a través de la aplicación bancaria y obtuvo la misma respuesta.
Ante esa situación, se comunicó inmediatamente con la entidad. Después de verificar su identidad, le preguntaron si reconocía una serie de movimientos que habían sido realizados sin su autorización. Se trataba de transferencias a personas con las que nunca había operado y de un débito relacionado con un descubierto que superaba ampliamente el monto que tenía autorizado.
Además, parte de las operaciones se habían efectuado en Mar del Plata, a unos 1.200 kilómetros de su domicilio en Rincón de los Sauces.
Aunque el banco abrió un reclamo, posteriormente le exigió que presentara pruebas de la maniobra de phishing.
En primera instancia, el juez Martín Peliquero rechazó la demanda al considerar que el cliente no había demostrado que un tercero hubiera ingresado al sistema ni que la plataforma bancaria tuviera vulnerabilidades.
La Cámara adoptó otro criterio. Los magistrados entendieron que el usuario no tenía la obligación de acceder a los servidores de la entidad, identificar las direcciones desde las cuales se realizaron las operaciones ni determinar qué mecanismo utilizaron los responsables de la estafa.
Según señalaron, esa información estaba bajo el control del propio banco, que además decidió no presentarse en el juicio.
El antecedente vuelve a poner en discusión las responsabilidades de las entidades financieras frente a las operaciones desconocidas por sus clientes y plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección y respuesta ante posibles fraudes digitales.
Economía
Neuquén analiza la propuesta de Nación para eliminar Sellos y proyecta ingresos por $11,4 billones en el Presupuesto 2027
Evaluación de la reforma tributaria nacional
El Gobierno de la Provincia del Neuquén comenzó a trabajar técnicamente sobre la propuesta impulsada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, orientada a eliminar el Impuesto de Sellos a nivel provincial a cambio de un esquema de compensación fiscal.
La secretaria de Hacienda y Finanzas provincial, Carola Pogliano, precisó que la iniciativa del funcionario nacional —quien calificó al tributo de «nocivo» y estimó un costo fiscal de 5 billones de pesos para su supresión— se encuentra bajo análisis técnico. Al respecto, indicó que la premisa planteada por el gobernador Rolando Figueroa es evaluar el efecto derrame sobre la economía local: «La idea sería que de 10 pesos recaudados, la provincia deje de percibir cinco y el Estado nacional nos transfiera cinco, pero hay que ver aspectos legales».
En el esquema financiero neuquino, Sellos representa el segundo impuesto en importancia para la recaudación propia. Solo en septiembre aportó unos 13.000 millones de pesos, quedando lejos de los volúmenes de Ingresos Brutos. En paralelo, la Provincia aguarda una nueva convocatoria de la Casa Rosada para abordar el régimen de Inocencia Fiscal, dado que ninguna jurisdicción local ha formalizado aún su adhesión a las exenciones del Palacio de Hacienda.
A su vez, la funcionaria ratificó que la decisión política de eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos a partir de 2028 para aquellas empresas que incorporen trabajadores neuquinos «está tomada», aunque resta definir los detalles técnicos de implementación.
Proyección petrolera: el volumen compensará el precio del barril
El diseño macroeconómico contempla que la expansión productiva en Vaca Muerta amortigüe la normalización de las cotizaciones internacionales del crudo.
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Incremento en la extracción: Se proyecta una suba del 23% en la producción petrolera, pasando de 600.000 a más de 800.000 barriles diarios durante 2027.
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Valor del barril: Se fijó una pauta prudente de 68 dólares en boca de pozo, implicando una retracción del 9% frente a los picos extraordinarios impulsados por tensiones en el estrecho de Ormuz.
Pogliano explicó que, a pesar de la caída del precio unitario tras el primer trimestre, el volumen extraído permitirá que los ingresos hidrocarburíferos experimenten un crecimiento real del 13% en dólares.
Autonomía financiera, tributos y peso salarial
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé recursos por $11,4 billones y gastos por $11,2 billones, arrojando un superávit financiero de $200.000 millones. La estructura consolida la independencia fiscal del Tesoro: el 85% de los ingresos provendrá de fuentes provinciales (regalías e impuestos), mientras que el 15% restante corresponderá a la coparticipación federal.
«Eso le da a Neuquén el beneficio de ser la provincia más independiente a nivel financiero», destacó Pogliano, advirtiendo al mismo tiempo sobre el «riesgo adicional» que demanda una fuerte inversión en la diversificación de la matriz productiva a mediano plazo.
En cuanto a los tributos provinciales, detalló que Ingresos Brutos concentra el mayor peso recaudatorio. Alrededor del 50% de lo percibido responde directamente a la actividad hidrocarburífera, sumando otro 10% o 15% de vinculación indirecta a través de proyectos de infraestructura relacionados con Vaca Muerta. El esquema tributario mantiene alícuotas más bajas e incentivos diferenciales para pequeños y medianos contribuyentes.
En materia de erogaciones, el 67% de los gastos corrientes se destinará al pago de salarios de la administración pública. Sobre una plantilla de 74.000 cargos, el 83% se concentra en las áreas esenciales de salud, educación y seguridad. La funcionaria subrayó el esfuerzo fiscal que demanda sostener salarios ajustados por IPC ponderado y garantizar las prestaciones de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), que otorga haberes diferenciales valorados por los agentes estatales en comparación con el régimen nacional de ANSES.
Economía
Neuquén recuperó un lote en el Parque Industrial tras desalojar a una empresa que lo subalquilaba de forma irregular
Luego de 20 años de incumplimientos a la Ley de Promoción Industrial, el Gobierno provincial obtuvo un mandamiento de desahucio para liberar el predio. La firma ocupante usufructuaba el bien público cobrando un alquiler privado.
Tras una serie de actuaciones administrativas y judiciales impulsadas por la Provincia del Neuquén, el Gobierno provincial logró la recuperación de una parcela del Parque Industrial de la capital neuquina. El inmueble, que había sido preadjudicado a una firma privada en el marco de la normativa de fomento productivo, era explotado comercialmente mediante un subalquiler no autorizado mientras se mantenía en situación de irregularidad.
La medida recayó sobre Tornería Cerna S.R.L., empresa a la que se le atribuyen reiterados incumplimientos a los compromisos asumidos para la radicación industrial, incluyendo la falta de presentación del proyecto definitivo, el cronograma de inversiones y los plazos de ejecución de obras.
Inspecciones, irregularidades y el cobro de un subalquiler privado
De acuerdo con las actuaciones del caso, los inspectores estatales constataron que desde 2019 la firma preadjudicataria percibía ingresos al subalquilar el espacio a una tercera empresa. La maniobra se realizaba en abierta contravención a las resoluciones del área de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Producción e Industria.
De este modo, se usufructuaba un inmueble perteneciente al dominio público que la provincia tenía destinado a la atracción de inversiones productivas y a la generación de puestos de trabajo directos.
Historial de incumplimientos desde 2004
El expediente se inició en 2004, cuando la firma solicitó la asignación de un terreno amparada en la Ley Provincial 378 de Promoción Industrial. La normativa exige como requisito excluyente la presentación formal de un plan de inversiones. En una primera instancia se reservó el lote 23 por 40 días, beneficio que caducó en 2006 por falta de documentación.
En 2007, tras un nuevo pedido, se registró una reserva sobre el lote 9 de la manzana 3. La documentación requerida recién se entregó a fines de 2009, período en el que la empresa solicitó prórrogas alegando problemas financieros.
Para 2012, una inspección oficial verificó que no existían avances en la infraestructura ni se había levantado el cerco perimetral, por lo que la Disposición 009 dejó sin efecto la reserva. La medida fue notificada mediante el Boletín Oficial y canales digitales.
A pesar de las reiteradas inspecciones de fiscalización y del asesoramiento técnico brindado en los años posteriores, el proyecto nunca se concretó. En 2019, la empresa intentó ceder la explotación a un tercero, pedido que fue rechazado por Asuntos Jurídicos ante la ocupación precaria y el incumplimiento de la Ley 263.
Decreto provincial y mandato de desahucio
El proceso administrativo culminó con la firma del Decreto 824/2024, mediante el cual se rechazaron los descargos presentados por Tornería Cerna S.R.L., se dio por agotada la vía administrativa y se giraron los antecedentes a la Fiscalía de Estado. Con la orden de desahucio emitida por los tribunales, las autoridades procedieron a la toma de posesión del terreno para su posterior reasignación a proyectos productivos.
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