Llegamos”, anunciaba la tapa de uno de los diarios más importantes de la Argentina el 30 de octubre de 1983. Tras 7 años de dictadura militar, la ciudadanía pudo volver a elegir gobernantes y Raúl Alfonsín, el candidato oriundo de Chascomús, se convirtió esa misma noche en presidente electo por la Unión Cívica Radical.

Durante su presidencia, que inició el 10 de diciembre de ese mismo año y duró hasta julio de 1989, Alfonsín tuvo que enfrentar la ansiedad de una sociedad con infinidad de demandas insatisfechas, presiones internacionales, producto del gran endeudamiento con el FMI, y el acecho permanente del poder militar.

Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda”, dijo el mandatario electo en su discurso de su asunción en el Congreso y luego pronunció una de sus frases más emblemáticas: “Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”, palabras que provocaron el aplauso enfático de los presentes.

De esta manera, dio inicio un período de gobierno que, con luces y sombras, logró establecer las bases de la etapa democrática más larga de la historia Argentina.

Por eso, a 40 años del retorno a la democracia, repasamos algunos momentos destacados de los años de la recuperación.

La primavera democrática

La primera etapa del gobierno de Alfonsín estuvo caracterizada por el optimismo y la euforia que significó el final del proceso represivo.

En la mentalidad de amplios sectores sociales, e incluso del propio gobierno, estaba la idea de que la democracia, por sí misma, podría resolver los problemas económicos y sociales heredados de la dictadura militar.

En ese marco, el gobierno de Alfonsín se enfocó, durante los primeros años de su mandato, en terminar con toda forma de autoritarismo y encontrar mecanismos de representación de la ciudadanía mediante la promoción de la libertad de expresión y opinión, el pluralismo y la participación ciudadana.

Esta circunstancia creó un clima ideal para el desarrollo cultural, que había sido castigado por la censura y persecución durante los años de la represión.  Muchos artistas e intelectuales volvieron del exilio y se sumaron a la apertura democrática que introdujo el alfonsinismo.

Una de las artistas más representativas de ese momento fue la cantante folclórica Mercedes Sosa, quien en su retorno a la Argentina grabó varias colaboraciones con otros músicos destacados de la época como León Gieco, Víctor Heredia y Fito Páez.

El teatro fue otra de las manifestaciones que vivió una época de gran creatividad en espacios como Teatro Abierto, el Café Einstein y el Parakultural.

En el cine se estrenaron películas como La historia oficial, de Luis Puenzo, ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1985.

En tanto, durante sus primeros compases, el nuevo gobierno logró capturar el estado de ánimo social tras el horror de la dictadura y lanzó una serie de iniciativas fuertes en ese sentido.

Se derogó la ley de autoamnistía, que pretendía garantizar impunidad a los militares que habían cometido crímenes; inició la estrategia judicial para juzgar a los uniformados; se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y fue enviada una ley al Congreso para democratizar los sindicatos, entre otras medidas.

La CONADEP y el Nunca más

En materia de derechos humanos, uno de los hitos más importantes del gobierno radical fue la creación el 15 de diciembre de 1983 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Estuvo presidida por el escritor Ernesto Sábato y su objetivo fue investigar las violaciones de derechos humanos, particularmente la desaparición de personas, durante los años del terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983) que llevó a cabo la dictadura militar.

La Comisión recibió miles de declaraciones y testimonios, y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.
En 1984, produjo un informe final denominado Nunca Más, utilizado como prueba en el Juicio a las Juntas Militares.

Juicio a las Juntas

La conformación de la CONADEP y su informe final fue importante para llevar a cabo el proceso judicial que se realizó en 1985, por orden del presidente Raúl Alfonsín, donde se juzgó a las tres primeras Juntas Militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

De esta forma, mediante el Decreto N.º 158/83, el mandatario de la UCR ordenó someter a juicio a nueve de los diez militares de las tres armas que integraron las Juntas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

La sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985 y condenó a cinco de los nueve militares enjuiciados. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución.

Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.

Ley de Punto Final

“El 13 de diciembre próximo se cumplen tres años del mensaje que dirigí al pueblo argentino para anunciar la decisión política del gobierno de investigar judicialmente las violaciones a los derechos humanos”, arrancó diciendo Alfonsín en cadena nacional, donde anunció el envió al Congreso del proyecto de Ley de Punto Final el 5 de diciembre de 1986.

Durante su discurso, el por entonces presidente, intentó mostrar como un avance en materia de justicia, respecto de los delitos cometidos en los años de la dictadura, lo que en realidad era un retroceso.

La nueva ley, que finalmente se promulgó el 24 de diciembre del mismo año, estableció, entre otros puntos, una fecha de vencimiento a la acción penal contra los militares que habían cometido crímenes durante el gobierno militar.

Esto provocó el rechazo en amplios sectores de la sociedad, que se manifestaron masivamente en contra de la nueva legislación y marcó un punto de quiebre respecto de la popularidad del gobierno y disminuyó su capital político.

Levantamiento carapintada (1987 y 1988)

El levantamiento carapintada fue otro problema grave que tuvo que afrontar el gobierno que inició en 1983 y se trató de una serie de cuatro sublevaciones militares ocurridas en la Argentina entre 1987 y 1990, de las cuales, Alfonsín tuvo que sufrir tres al mando del país.

Conocidos como los «carapintada», debido a que se presentaban con pintura facial de camuflaje como en la guerra, un grupo de oficiales de graduación intermedia del Ejército Argentino, tomaron instalaciones militares para protestar contra los juicios por violaciones a los derechos humanos, desconociendo la autoridad del presidente Alfonsín.

La sublevación de Semana Santa, en 1987, encabezada por el teniente coronel Aldo Rico; la de Monte Caseros, donde nuevamente Rico estuvo al mando, en enero de 1988; y la de Villa Martelli, el 1 de diciembre del mismo año, atentaron contra el gobierno democrático en medio de la gran cantidad de procesamientos judiciales y condenas contra militares.

Pese a no haber tenido éxito en su intento destituyente, los levantamientos ejercieron presión sobre el gobierno democrático e influyeron en la sanción de leyes que le garantizaron impunidad a los representantes del ejército que habían cometido delitos.

El copamiento del cuartel de La Tablada

El 23 y 24 de enero de 1989, se produjo un sangriento intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 ubicado en La Tablada, en el Gran Buenos Aires, por parte del grupo guerrillero de izquierda Todos por la Patria.

El Ejército y la policía sufrieron 11 bajas y 54 heridos, mientras que Todos por la Patria tuvo 32 muertos y cuatro desaparecidos. La represión llevada a cabo por el Ejército se caracterizó por un alto grado de violencia, que contrastó con el tratamiento dado en 1987 y 1988 a las tres insurrecciones militares carapintadas.

Los hechos de La Tablada fortalecieron aún más a los sectores militares y conservadores que buscaban revertir el impacto del Juicio a las Juntas y el Juicio por delitos en la guerra de las Malvinas.

También debilitó el fortalecimiento y legitimación social de las organizaciones de derechos humanos y la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder político.

Los derechos sociales en el gobierno radical

Dentro de sus políticas sociales del alfonsinismo, se destacan la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida​ y la defensa de los derechos humanos.​

A su vez, hubo manifestaciones a favor de la despenalización del aborto, aunque no presentó ningún proyecto para evitar cruces con la Iglesia en el marco de un gobierno debilitado por presiones sociales, económicas y militares.

El puntapié inicial para la creación del MERCOSUR

Alfonsín sostuvo una activa política internacional implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, el único funcionario que se mantuvo durante casi todo su mandato.

Las prioridades del gobierno radical en esa materia fueron fortalecer el sistema democrático en Argentina; evitar que la Guerra Fría no regenerara la concepción de la seguridad nacional e impulsar el proceso de democratización regional.

Además, se intentó resolver las cuestiones limítrofes; generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional.

Algunos analistas consideran que el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, que puso en marcha Alfonsín durante su mandato, es uno de los puntos más altos y trascendentes de su gobierno, ya que supuso la piedra fundacional de lo que es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

El peso de la hiperinflación de 1989

La crisis económica que arrastraba el alfonsinismo tuvo su pico máximo en 1989, cuando Argentina fue sin escalas de una fase recesiva a la hiperinflación. Durante ese año, el alza en los precios pasó de 460% en abril a 764% en mayo.

La hiperinflación provocó un gran aumento de la pobreza, del 25 % a inicios de ese año, al récord histórico de 47,3% en octubre de 1989.
En ese marco, la sociedad empezó a realizar transacciones mediante trueque o utilizando al dólar como valor de referencia ante la pronunciada devaluación del austral.

La incertidumbre y alta volatilidad económica tuvieron consecuencias en el plano político, ya que fueron las que motorizaron a amplios sectores sociales y políticos a instalar la idea de que Alfonsín debía llamar a elecciones de forma anticipada para evitar males mayores.

Adelantamiento de las elecciones y final de mandato

Ante el rechazo que generó la crisis económica endémica del alfonsinismo y la brutal recesión, el mandatario radical decidió finalmente ceder a la presión social y adelantar las elecciones para el 14 de mayo de 1989.

El objetivo del presidente fue tratar de calmar los ánimos sindicales, políticos, militares y empresariales, frente al agravamiento de la crisis.

Sin embargo, la victoria de Menem sobre el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, empeoró aún más la situación y la Argentina pasó de la recesión a la hiperinflación.

Con la situación empeorando día a día, el 12 de junio Alfonsín anunció la entrega anticipada del poder para el 30 de ese mismo mes y no el 10 de diciembre como estaba pautado.

El traspaso finalmente se realizó el 8 de julio y fue la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos desde 1916.