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El BCRA decidió la medida con el fin de «preservar esos fondos de contingencias y garantizar que estén siempre a disposición de los y las ahorristas». Fuerte rechazo de las fintechs, dado que la medida le corta una fuente de sus ingresos.

El Directorio del Banco Central (BCRA) dispuso este jueves que las entidades financieras deberán constituir un encaje del 100% de los fondos depositados por las billeteras virtuales (denominados proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago) «para preservarlos de contingencias y garantizar que estén siempre a disposición de los y las ahorristas«, indicó la autoridad monetaria en un comunicado.
Estas cuentas son de carácter transaccional y la medida dispuesta fortalece ese rol y favorece la expansión de los medios de pago digitales, otorgando mayor transparencia y seguridad, argumentó el BCRA.La disposición, sin embargo, le corta una fuente de ingresos a las fintech porque «los bancos les otorgaban una rentabilidad para tener los fondos en su institución», explicó a Ámbito Ignacio Carballo, economista y especialista en el ecosistema fintech.

De igual modo, el Central aclaró que «la medida no alcanza a las cuentas de inversión que habilitan las billeteras y que permiten a los y las ahorristas obtener una rentabilidad por los fondos depositados. Estas cuentas de inversión se mantienen en las mismas condiciones».

Actualmente, los fondos de las cuentas transaccionales administrados por las billeteras virtuales se encuentran, por disposición del BCRA, depositados en todo momento en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país.

Con esta nueva norma, a partir del primero de enero de 2022 esos fondos deberán permanecer, además, inmovilizados en el BCRA, a disposición de sus titulares. Con lo cual, ya no podrán generar intereses.

Las billeteras digitales tienen dos formas de captar ahorros de sus clientes: 1) cuenta de inversión, donde los fondos que recaudan los invierten y distribuyen entre sus ahorristas parte de la rentabilidad; 2) cuentas transaccionales, donde los ahorristas cargan las billeteras para utilizarla como medio de pago sin esperar una retribución.

«Esos fondos tienen que estar depositados en los bancos, para seguridad de los ahorristas. Sobre esos fondos no se puede obtener rentabilidad porque sería equiparable a una intermediación financiera y podrían por ese carácter ser objeto de disputa legal», dijo una fuente del BCRA.

Agregó que la medida del BCRA «pone los fondos de los ahorristas a resguardo de cualquier contingencia y refuerza el rol como medio de pago seguro y transparente.

Rechazo de las fintech

Fuentes del sector fintech rechazaron enfáticamente la medida de la autoridad monetaria. “Es un duro golpe sobre todo porque hasta ahora la regulación del BCRA establecía que los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) tenían que depositar todo el dinero en la cuenta corriente de un banco. Así, cada billetera podía establecer un acuerdo comercial con cada entidad. Por ejemplo, por el saldo que le generan sus usuarios, le pagán un porcentaje determinado. Y ese monto es el que permite subsidiar el costo de otros servicios para que no se le trasladen al usuario», comentó a este medio una fuente del ecosistema fintech que pidió no ser identificada.

En la misma línea, otra fuente del sector advirtió que la medida del BCRA «va a generar consecuencias negativas para los usuarios, ya que se corta con una fuente de ingreso que ayuda a financiar los costos de productos y servicios, pero que las billeteras nunca se los trasladan al consumidor final». Por ejemplo, mencionó la impresión y reposición de tarjeta, el servicio por el ingreso de efectivo (“Cash in”), y por el retiro de dinero (“Cash out”); los pagos con Código QR; las APIs (interfaz de programación de aplicaciones); entre otros.

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Argentina

Caputo salió a transmitir calma en medio del derrumbe de los mercados

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El ministro de Economía dijo que el Gobierno mantendrá el “orden fiscal y monetario”

En medio del derrumbe de los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad.

Con caídas generalizadas en los principales mercados de acciones de Asia y Europa, el Gobierno intenta la confianza de los inversores, al ratificar que no se apartará de los principales lineamientos hasta ahora eficaces para bajar la inflación y equilibrar la macroeconomía local.

A través de un mensaje en redes sociales, Caputo dijo: “Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1″.

Prometió que el Gobierno seguirá “combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos”.

La caída en las bolsas mundiales se produce como reacción a la suba de aranceles que pretende aplicar el presidente norteamericano, Donald Trump, que provocaría un fuerte impacto negativo sobre el comercio internacional.

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Economía

Aumentan la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC

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El ENARGAS aprobó el incremento transitorio que van a trasladar las subdistribuidoras a este segmento de clientes.

El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC en el comienzo de 2025, mediante la Resolución 933/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La actualización de los facturas cobradas por los Subdistribuidores a aquellos clientes Gran Usuario (GU) o Estación de GNC por el uso de sus instalaciones, es transitoria y fue fijada en $2,18 por metro cúbico por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

En la normativa, se explicó que al igual que en ajustes anteriores, para determinar la nueva suba “se tomó como referencia la evolución de la tarifa que es cobrada por las Distribuidoras a las Subdistribuidoras, el cual representa el costo del servicio determinado por este Organismo, para la adecuación de la tarifa referida”.

En este sentido, se recordó que el Ministerio de Economía para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024 y enero del año 2025, estableció un incremento de las tarifas de distribución y transporte de gas natural del 1%, 2,7%, 3,5%, 3% y 2,5%, respectivamente. Ante esto, el ENARGAS “emitió los correspondientes Cuadros Tarifarios y Cuadros de Tasas y Cargos que reflejaban lo allí instruido”.

La autoridad regulatoria precisó en el texto oficial que “la modificación que se aprueba mediante la presente Resolución es una medida transitoria, al igual los cuadros tarifarios vigentes para las Licenciatarias de Transporte y Distribución del Servicio Público de gas, aprobados en el marco de la emergencia declarada por el DNU Nº 55/23”.

Al respecto, recordó que mediante dicha norma, que fue prorrogada por el Decreto 1023/2024, “se declaró la emergencia en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

Además, puntualizó que en el mismo se determinó el inicio de la revisión tarifaria y se estableció que hasta tanto no se culmine ese proceso, “podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

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Argentina

El Gobierno disolvió otros cinco fondos fiduciarios por mal uso de recursos, falta de controles y resultados

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  • Entre los fondos disueltos se encuentra el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
  • El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.
  • La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
  • El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
  • En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
  • Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos
  • El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.
  • Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.
  • Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.
  • Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. 
  • En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.
  • Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.
  • También se encontraron múltiples falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. Entre ellas se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.
  • Ante esta situación, el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley.
  • Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. De esta forma, luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.
  • En este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos. También, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados.
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