WASHINGTON.- Estados Unidos volvió a reiterar denuncias sobre la impunidad, la corrupción y la falta de eficacia y de independencia del Poder Judicial en la Argentina en su última edición del Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, uno de los trabajos insignias de la diplomacia norteamericana, implementado en la presidencia de Jimmy Carter en los 70.

Al igual que años anteriores, el Departamento de Estado enumeró los problemas y violaciones de derechos humanos que existen en la Argentina, entre los que destacó ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas las “ejecuciones extrajudiciales”, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales, malas condiciones penitenciarias, “serios problemas con la independencia del poder judicial” y “grave corrupción gubernamental”.

“La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, indicó el informe.

Al presentar el informe, el secretario de Estado, Antony Blinken, abrió una breve conferencia de prensa apuntando contra la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Moscú, en una clara señal de respaldo al presidente ruso Vladimir Putin.

“El mundo no debe dejarse engañar por ningún movimiento táctico de Rusia, con el apoyo de China o de cualquier otro país, para congelar la guerra en sus propios términos”, dijo Blinken a los periodistas en el Departamento de Estado. “Pedir un alto el fuego que no incluya la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano sería apoyar efectivamente la ratificación de la conquista rusa”, afirmó el funcionario.

Luego de dejar el mensaje del gobierno de Biden sobre la visita de Xi a Moscú, Blinken dijo que el informe representa la importancia de los derechos humanos para Estados Unidos, y para un mundo seguro y próspero. El informe tiene su origen en el gobierno de Jimmy Carter, quien puso la defensa de los derechos humanos como pilar de su política exterior. Desde entonces, y año tras año, el Departamento de Estado difunde su recuento de los abusos cometidos en el mundo.

Lentitud de la justicia

Al referirse a la corrupción, el Departamento de Estado reiteró la misma advertencia, prácticamente calcada, en los informes que había difundido en años anteriores, incluido en 2020, cuando Donald Trump ocupaba el Salón Oval de la Casa Blanca y el gobierno de Alberto Fernández había asumido hacía apenas unos meses. El mismo párrafo sobre la corrupción apareció también en el informe presentado en 2019, el último año del gobierno de Macri. Durante la gestión de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos ha renovado la misma advertencia sobre la corrupción y la independencia de la Justicia al hablar sobre los derechos humanos en la Argentina.

El gobierno norteamericano dijo además que el gobierno argentino “tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”. Y agregó que la impunidad sigue siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles.

“La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos”, señala el trabajo del Departamento de Estado.

El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado es uno de los informes insignia de la diplomacia norteamericano. Cada año, las embajadas y consulados de Estados Unidos recaban información sobre abusos y violaciones contra los derechos humanos en 198 países y territorios. Algunas de las mismas advertencias que ahora reiteró el gobierno norteamericano figuraron también en el último informe anual de la organización Human Rights Watch, que alertó que la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, las demoras en la designación de jueces y de otros cargos, como el Procurador General, y la corrupción, incluida en el poder judicial, han socavado el estado de derecho en la Argentina.

“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, advirtió el informe de la organización.