Un comerciante de Cutral Co denunció haber sido víctima de una estafa virtual que terminó con el vaciamiento total de su cuenta corriente en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). El hecho ocurrió mientras realizaba operaciones habituales desde su computadora y generó preocupación por la seguridad de las transacciones bancarias.

El damnificado es Miguel Silka, propietario de una bicicletería en la localidad. Según relató, el episodio tuvo lugar el pasado 29 de octubre, cuando se encontraba utilizando el sistema de home banking del BPN y comenzó a recibir notificaciones que despertaron sus sospechas.

En un primer momento, al advertir uno de los mensajes, se comunicó con un ejecutivo de la entidad para consultar qué estaba sucediendo. De acuerdo con su testimonio, desde el banco le aseguraron que, mientras permaneciera dentro de su cuenta, el sistema era seguro. Minutos después, la notificación desapareció y Silka continuó con sus trámites.

Sin embargo, poco después apareció una nueva alerta. Esta vez, el aviso informaba sobre una transferencia que estaba en curso y que él no había realizado ni autorizado.

Al advertir lo que ocurría, el comerciante desconectó la computadora y se dirigió inmediatamente a una sucursal del BPN. Para entonces, el dinero de su cuenta corriente ya había desaparecido.

Silka manifestó su malestar por la respuesta que recibió en la entidad bancaria. Aseguró que, pese a ser cliente desde hace aproximadamente 30 años, no encontró una solución a su reclamo.

«Me volvieron a decir que el sistema del banco es inviolable y que me habían hackeado la computadora, sin revisar ni hacer ningún tipo de consulta», cuestionó.

El comerciante decidió hacer público lo sucedido con la intención de conocer si existen otros clientes o comerciantes que hayan atravesado una situación similar. Su objetivo es determinar si se trata de una modalidad de estafa que podría estar afectando a más usuarios y poner en discusión la seguridad de las operaciones bancarias digitales.

«Nos han insertado en un mundo virtual y la verdad siento que como ciudadanos estamos desprotegidos. No creo que la respuesta de que el sistema es inviolable sea verdad», expresó Silka, preocupado por lo ocurrido.

Un antecedente judicial que pone el foco en la responsabilidad de los bancos

La denuncia del comerciante neuquino se conoce en un contexto en el que la Justicia también analizó reclamos de clientes afectados por operaciones bancarias que desconocían.

El pasado 28 de octubre, la Cámara de Apelaciones revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda de un cliente contra su banco por transferencias y un giro en descubierto que aseguraba no haber autorizado. En ese caso, la entidad bancaria terminó siendo condenada.

Los jueces hicieron hincapié en el deber de seguridad que tienen los bancos y señalaron que no corresponde exigirle al consumidor que reconstruya técnicamente cómo se llevó adelante una maniobra fraudulenta.

El caso judicial se originó en enero de 2024, cuando el cliente intentó pagar una compra con su tarjeta de débito y en el comercio le informaron que su cuenta era inexistente. Luego realizó una consulta a través de la aplicación bancaria y obtuvo la misma respuesta.

Ante esa situación, se comunicó inmediatamente con la entidad. Después de verificar su identidad, le preguntaron si reconocía una serie de movimientos que habían sido realizados sin su autorización. Se trataba de transferencias a personas con las que nunca había operado y de un débito relacionado con un descubierto que superaba ampliamente el monto que tenía autorizado.

Además, parte de las operaciones se habían efectuado en Mar del Plata, a unos 1.200 kilómetros de su domicilio en Rincón de los Sauces.

Aunque el banco abrió un reclamo, posteriormente le exigió que presentara pruebas de la maniobra de phishing.

En primera instancia, el juez Martín Peliquero rechazó la demanda al considerar que el cliente no había demostrado que un tercero hubiera ingresado al sistema ni que la plataforma bancaria tuviera vulnerabilidades.

La Cámara adoptó otro criterio. Los magistrados entendieron que el usuario no tenía la obligación de acceder a los servidores de la entidad, identificar las direcciones desde las cuales se realizaron las operaciones ni determinar qué mecanismo utilizaron los responsables de la estafa.

Según señalaron, esa información estaba bajo el control del propio banco, que además decidió no presentarse en el juicio.

El antecedente vuelve a poner en discusión las responsabilidades de las entidades financieras frente a las operaciones desconocidas por sus clientes y plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección y respuesta ante posibles fraudes digitales.