
La inversión pública aumentó 275% en 2021 y alcanzó su nivel más alto en cinco años
Vivienda y urbanismo, transporte, agua potable y alcantarillado y energía fueron los cuatro rubros principales, al explicar el 75,8% del total de la inversión.
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La inversión pública ejecutada por la Administración Nacional en 2021 ascendió a $1.108.623 millones, con un incremento nominal del 275% y del 148,5% en términos reales, al tiempo que alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, con una participación del 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La inversión pública aumentó 275% en 2021 y alcanzó su nivel más alto en cinco años
Vivienda y urbanismo, Transporte, Agua potable y alcantarillado y Energía fueron los cuatro rubros principales, al explicar el 75,8% del total de la inversión.
El crecimiento de la inversión pública, así como su distribución geográfica por todo el país, fue destacado por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, quien puntualizó la «intención clara y franca del Gobierno» por priorizarla.
«Claramente, esto es el resultado de una política del gobierno que da origen a este incremento sustancial», remarcó en declaraciones a Télam Weiss, quien comparó la gestión en la materia del presidente Alberto Fernández con la de su predecesor, Mauricio Macri, a la luz de la crisis financiera de 2018 que, a su juicio «marcó un antes y un después».
Las fuentes internas de financiamiento exhibieron un crecimiento del 202,7%, mientras que las externas cayeron 6,7%.
Al respecto, señaló que «en 2017 el nivel de inversión pública había sido muy importante, pero en 2018 y 2019 disminuyó drásticamente».
El proceso devaluatorio iniciado en abril de 2018 y el cierre de los mercados de capitales fue un punto de inflexión en las modalidades de financiamiento de la inversión pública.
Al respecto, la OPC indicó que las fuentes internas de financiamiento exhibieron un crecimiento del 202,7%, mientras que las externas cayeron 6,7%.
Eso determinó que el 90,3% del financiamiento del gasto en inversión correspondió a fuentes internas ($1.000.757 millones) y el 9,7% restante a fuentes externas ($107.866).

Dentro de las fuentes internas, el 48,6% correspondió a recursos del Tesoro Nacional y el 47,2% al crédito interno.
Por su parte, el 56,2% de las fuentes externas provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),el 14,5% del Banco Mundial, el 13,1% del Banco de Desarrollo de China y el 9,8% de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Luego del impacto que tuvo la irrupción de la pandemia de coronavirus en 2020, el año pasado marcó un repunte en la inversión pública, reflejado en el hecho que se pasó de una participación del 1,1% al 2,4% del PBI.
Iván Szczech, predecesor de Weiss en la presidencia de Camarco e integrante del Consejo Económico y Social, coincidió en destacar la importancia del incremento de la inversión público y consideró «fundamental que se profundice aún más en 2022 y en el futuro, para que el país pueda crecer a un ritmo de entre 3 y 4 % anual».
Dentro de las fuentes internas, el 48,6% correspondió a recursos del Tesoro Nacional y el 47,2% al crédito interno.
«La actual negociación con el Fondo Monetario debe privilegiar esta inversión y no disminuirla como paso en el acuerdo del 2018 con el resultado que ya todos conocemos», enfatizó Szczech en declaraciones a Télam.
En el crecimiento anual de la inversión pública tuvieron un desempeño destacado las Transferencias de Capital (TC), con $859.259 millones y un aumento en términos reales (deflactada por la inflación del 50,9% de 2021) del 187,4% (333,7% nominal).
Ese incremento fue superior al del otro componente, la Inversión Real Directa (IRD), que con $249.364 millones tuvo un alza real del 69,5% y nominal del 155,8%.
En cuanto a la participación de cada componente respecto del PBI, la IRD pasó de 0,4% en 2020 a 0,5% en 2021, en tanto en el mismo lapso la TC se elevó de 0,7% a 1,9%.

Weiss consideró que el mayor crecimiento de las TC por sobre la IRD obedeció a que «unas de las cosas que el gobierno está haciendo es transferir directamente los recursos a las jurisdicciones para descentralizar la ejecución y hacerla más rápido, en vez de dejar en manos del gobierno central», de manera tal que sean «las provincias y también los municipios los que se hagan cargo de esa tarea».
En el mismo sentido, Szczech resaltó que «lo que se ha dado en todo el país son obras que se ejecutan de forma federal, en más de 3.000 municipios».
De esa forma, agregó, se logró que «la industria de la construcción sea la que mayor cantidad de empleo privado creo, con 75.000 puestos de trabajo directos en 2021 y 100.000 si tomamos desde julio de 2020».

Entre los destinatarios de las transferencias, los fondos fiduciarios y otros entes ($333.828 millones) se ubicaron en primer lugar, con un crecimiento interanual de 649,4% y una participación del 38,8% del total de la TC.
Se logró que «la industria de la construcción sea la que mayor cantidad de empleo privado creo, con 75.000 puestos de trabajo directos en 2021 y 100.000 si tomamos desde julio de 2020».
En segundo lugar estuvieron las empresas públicas ($262.526 millones) con un alza del 95,1% respecto de 2020 y una participación del 30,5%, y luego las provincias y municipios ($215.541 millones), que crecieron 150,2% en un año y representaron el 25,1% del total.
La ejecución presupuestaria en proyectos de inversión correspondió a 673 obras y 20 de ellas, relacionadas mayoritariamente con la construcción de autopistas y autovías a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, concentraron la mitad del devengado en este concepto.
Las principales fueron la construcción de la segunda calzada del tramo Pilar-Pergamino de la ruta nacional 8 ($11.759 millones), la autopista Presidente Juan Domingo Perón ($9.648 millones), la renovación de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas ($8.585 millones) y la construcción de la segunda calzada del tramo Rosario-Sunchales de la ruta nacional 34 ($6.671 millones).
Por último, el ritmo de ejecución mensual de la inversión pública se aceleró en el último bimestre del año y concentró en ese período la mitad del devengado anual.
FUENTE: TELAM
Argentina
Caputo salió a transmitir calma en medio del derrumbe de los mercados

El ministro de Economía dijo que el Gobierno mantendrá el “orden fiscal y monetario”
En medio del derrumbe de los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad.
Con caídas generalizadas en los principales mercados de acciones de Asia y Europa, el Gobierno intenta la confianza de los inversores, al ratificar que no se apartará de los principales lineamientos hasta ahora eficaces para bajar la inflación y equilibrar la macroeconomía local.
A través de un mensaje en redes sociales, Caputo dijo: “Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1″.
Prometió que el Gobierno seguirá “combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos”.
La caída en las bolsas mundiales se produce como reacción a la suba de aranceles que pretende aplicar el presidente norteamericano, Donald Trump, que provocaría un fuerte impacto negativo sobre el comercio internacional.
Economía
Aumentan la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC


El ENARGAS aprobó el incremento transitorio que van a trasladar las subdistribuidoras a este segmento de clientes.
El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC en el comienzo de 2025, mediante la Resolución 933/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La actualización de los facturas cobradas por los Subdistribuidores a aquellos clientes Gran Usuario (GU) o Estación de GNC por el uso de sus instalaciones, es transitoria y fue fijada en $2,18 por metro cúbico por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
En la normativa, se explicó que al igual que en ajustes anteriores, para determinar la nueva suba “se tomó como referencia la evolución de la tarifa que es cobrada por las Distribuidoras a las Subdistribuidoras, el cual representa el costo del servicio determinado por este Organismo, para la adecuación de la tarifa referida”.
En este sentido, se recordó que el Ministerio de Economía para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024 y enero del año 2025, estableció un incremento de las tarifas de distribución y transporte de gas natural del 1%, 2,7%, 3,5%, 3% y 2,5%, respectivamente. Ante esto, el ENARGAS “emitió los correspondientes Cuadros Tarifarios y Cuadros de Tasas y Cargos que reflejaban lo allí instruido”.
La autoridad regulatoria precisó en el texto oficial que “la modificación que se aprueba mediante la presente Resolución es una medida transitoria, al igual los cuadros tarifarios vigentes para las Licenciatarias de Transporte y Distribución del Servicio Público de gas, aprobados en el marco de la emergencia declarada por el DNU Nº 55/23”.
Al respecto, recordó que mediante dicha norma, que fue prorrogada por el Decreto 1023/2024, “se declaró la emergencia en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.
Además, puntualizó que en el mismo se determinó el inicio de la revisión tarifaria y se estableció que hasta tanto no se culmine ese proceso, “podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
Argentina
El Gobierno disolvió otros cinco fondos fiduciarios por mal uso de recursos, falta de controles y resultados

- Entre los fondos disueltos se encuentra el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
- El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.
- La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
- El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
- En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
- Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos
- El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.
- Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.
- Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.
- Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”.
- En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.
- Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.
- También se encontraron múltiples falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. Entre ellas se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.
- Ante esta situación, el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley.
- Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. De esta forma, luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.
- En este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos. También, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados.
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